La Contraloría confirmó que dos indagaciones por presuntas irregularidades en la millonaria vía de Paz de Ariporo a Montañas del Totumo se convirtieron en procesos de responsabilidad fiscal que siguen activos. La exalcaldesa Eunice Escobar aparece registrada en siete actuaciones fiscales, aunque no ha sido declarada responsable fiscal.
La pavimentación de la vía entre Paz de Ariporo y Montañas del Totumo, una de las inversiones más cuantiosas adelantadas durante la administración de la exalcaldesa Eunice Escobar Bernal, continúa produciendo interrogantes años después de su contratación.
Una respuesta oficial de la Contraloría General de la República, fechada el 13 de agosto de 2026, confirma que dos indagaciones preliminares relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto terminaron convertidas en dos procesos de responsabilidad fiscal que permanecen en trámite. Sus cuantías preliminares suman $14.822.332.352.
El mayor corresponde al proceso PRF-85112-2023-45393, originado en el denominado Hallazgo 5 del Convenio 1236 de 2020. Registra una cuantía preliminar de $14.588.696.285 y está en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
El segundo, PRF-85112-2023-45317, surgió del Hallazgo 6 del mismo convenio, registra $233.636.067 y está a cargo del Grupo de Responsabilidad Fiscal de Casanare. Ambos corresponden al mejoramiento de la vía entre el casco urbano de Paz de Ariporo y Montañas del Totumo.
La magnitud merece contexto. El contrato de obra fue celebrado en 2021 por aproximadamente $42.581 millones, con recursos provenientes de Invías. Esto significa que las cuantías preliminares de los dos procesos equivalen a cerca del 35 % del valor original del contrato.
Pero esa comparación no significa que la Contraloría haya determinado que $14.822 millones se perdieron. Los procesos siguen abiertos y todavía no existe una decisión definitiva que establezca responsabilidad fiscal por esas cantidades.
Una contratación que arrastra cuestionamientos
Los interrogantes alrededor de esta obra no comenzaron con la comunicación conocida ahora.
Durante su ejecución se presentaron dificultades y retrasos. Posteriormente, tras el cambio de administración municipal, el informe de los primeros 100 días del nuevo gobierno de Paz de Ariporo señaló que se habían encontrado posibles irregularidades relacionadas con los pagos frente al avance de la obra y la información recibida durante el proceso de empalme, situaciones que fueron puestas en conocimiento de los organismos de control.
Ahora sabemos que, independientemente de esas actuaciones posteriores, las indagaciones fiscales que venían adelantándose no terminaron archivadas: se convirtieron en procesos de responsabilidad fiscal y continúan en trámite.
El oficio conocido por Casanare Hoy permite además observar la dimensión de lo que se busca esclarecer.
La Fundación Little Guardians, que solicitó a la Contraloría información sobre los expedientes, pidió determinar quiénes ejercieron gestión fiscal durante la planeación, adjudicación, ejecución, pagos, modificaciones, suspensión, supervisión, interventoría y liquidación del contrato.
También solicitó confrontar cantidades contratadas, modificadas, ejecutadas, aprobadas, pagadas y físicamente verificadas, así como examinar informes de geotecnia, pavimentos, estructuras, ensayos de laboratorio, levantamientos topográficos y actas parciales.
Incluso pidió examinar específicamente la actuación de la interventoría Consorcio Paz Caribe y de los responsables de la supervisión municipal frente a cantidades, calidades, materiales, espesores, modificaciones y recibos parciales.
Es importante precisar que estas son solicitudes formuladas por Little Guardians y reproducidas en la respuesta oficial; no conclusiones que la Contraloría haya establecido en este documento. El organismo señaló que corresponde a las dependencias que llevan cada proceso pronunciarse sobre el alcance de las investigaciones y la verificación de los hechos.
Eunice Escobar aparece en siete actuaciones fiscales
La comunicación deja otro dato políticamente relevante.
Al consultar el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal, la Contraloría encontró siete actuaciones de responsabilidad fiscal en las que aparece registrada Eunice Escobar Bernal, quien era alcaldesa de Paz de Ariporo cuando se contrató la obra.
Sin embargo, esa información exige una precisión fundamental: aparecer en una actuación fiscal no significa haber sido declarada responsable fiscal.
La propia Contraloría consultó el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales y certificó que Escobar no se encuentra reportada como responsable fiscal. El documento tampoco establece cuál es su condición procesal individual dentro de cada una de las siete actuaciones encontradas.
Precisamente Little Guardians preguntó a la entidad si la exalcaldesa había sido identificada, vinculada, descartada o evaluada como eventual gestora fiscal en relación con el posible daño patrimonial.
La respuesta conocida no resuelve ese interrogante. La Contraloría anunció que trasladará la solicitud a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y al Grupo de Responsabilidad Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare, dependencias responsables de los procesos.
Hay además una barrera para conocer por ahora todo lo ocurrido: la Contraloría recuerda que las actuaciones de responsabilidad fiscal están sometidas a reserva hasta la culminación del proceso.
Una obra de $42 mil millones que todavía no cierra su historia
Cinco años después de la contratación, la discusión alrededor de la vía a Montañas del Totumo ya no puede reducirse a si finalmente quedaron kilómetros de pavimento.
Hay dos procesos fiscales activos cuyas cuantías preliminares suman $14.822 millones; existen interrogantes sobre pagos, ejecución, supervisión e interventoría que deberán ser esclarecidos dentro de las actuaciones correspondientes; y la exalcaldesa bajo cuyo gobierno se contrató el proyecto aparece registrada en siete actuaciones fiscales, sin que hasta ahora exista una declaratoria de responsabilidad fiscal en su contra.
La responsabilidad individual no puede anticiparse.
Pero tampoco puede minimizarse la dimensión del asunto: una obra pública contratada por más de $42 mil millones continúa, años después, bajo examen de la Contraloría y con uno de sus expedientes en manos de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Ahora corresponde establecer qué ocurrió con los recursos, qué decisiones incidieron en los hallazgos que originaron los procesos y, finalmente, quién o quiénes deberán responder, si la Contraloría determina que existió daño al patrimonio público.
