En Yopal ya se ha visto una escena que resume buena parte del problema: madres que deben escoger entre ir a trabajar o acompañar a sus hijos al colegio porque el estudiante necesita apoyos que el sistema educativo no siempre garantiza. En 2024, Andrea Salcedo, líder de Autismo TEA Casanare y madre de un niño autista, denunció públicamente que su hijo no había podido asistir a clases por falta del acompañamiento requerido. No era solamente un problema escolar: detrás estaban el empleo de la madre, la autonomía del niño y una familia obligada a resolver por su cuenta una responsabilidad que también corresponde al Estado.
Ese tipo de historias ayuda a entender por qué la sanción de la Ley 2628 del 26 de agosto de 2026 va mucho más allá de crear otro documento jurídico. La nueva norma establece medidas de atención, protección e inclusión para personas con Trastorno del Espectro Autista —TEA—, pero también para personas con otros trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.
Y hay un detalle importante que puede pasar inadvertido si se habla simplemente de “Ley TEA”: el propio texto incluye dentro de sus definiciones al TDAH, los trastornos del aprendizaje, el síndrome de Rett y la discapacidad intelectual, además de otras condiciones que puedan enmarcarse dentro de los criterios establecidos por la norma. Es decir, su alcance potencial es considerablemente mayor al de la población autista.
Una ruta para que el diagnóstico no se convierta en una peregrinación
Uno de los cambios centrales será la creación del Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo. En territorios que cuenten con redes de salud de alta complejidad deberán existir centros especializados capaces de expedirlo en un plazo máximo de dos meses después de recibir la información diagnóstica de la EPS.
La certificación será voluntaria y la ley deja expresamente establecido que no tenerla no podrá convertirse en una barrera para recibir atención en salud. El documento busca facilitar el acceso a beneficios relacionados con salud, educación, cultura, recreación, deporte, movilidad, transporte y vivienda.
La ley obliga además al Ministerio de Salud a construir una Ruta de Atención Médica clara y pública, actualizar protocolos clínicos y promover la detección temprana. La política pública nacional deberá estar lista en un plazo de un año y posteriormente tendrá que desarrollarse en departamentos, distritos y municipios.
Hay otro punto especialmente relevante para familias que dependen de tratamientos permanentes: la norma ordena garantizar acceso oportuno a medicamentos prescritos y contempla estrategias para responder ante situaciones de desabastecimiento.
Ir al colegio no será suficiente: la inclusión tendrá que ser real
En educación, la ley no se limita a ordenar que un estudiante sea matriculado. El Ministerio de Educación y las secretarías territoriales deberán construir una ruta pública de inclusión escolar, establecer cupos para esta población en instituciones oficiales y no oficiales y avanzar en la capacitación de docentes.
La propia norma advierte que inclusión no significa solamente permitir el ingreso a un colegio. También exige condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo y dispone que los espacios utilizados por estudiantes con hipersensibilidad deben contar con condiciones de seguridad.
Ese punto toca directamente una de las luchas que durante años han planteado familias de Casanare: que un niño pueda estar matriculado no significa necesariamente que pueda permanecer en el aula en igualdad de condiciones.
La familia también entra en la ecuación
La Ley 2628 reconoce que detrás de muchas personas con necesidades de apoyo existe un familiar que reorganiza horarios, trabajo e ingresos para poder acompañarlas.
Por eso permite que familiares de personas certificadas puedan acceder a medidas de flexibilidad laboral y ordena fortalecer organizaciones de cuidadores, rutas de acompañamiento psicosocial y jurídico y procesos de capacitación.
También habrá acciones específicas de inclusión laboral. El Ministerio de Trabajo y el Sena deberán promover ofertas para personas autistas y con otros trastornos del neurodesarrollo, mientras se diseñan estímulos para contratación y permanencia tanto en el sector público como privado. La norma contempla además apoyo al emprendimiento de esta población y de sus cuidadores.
Casanare también puso voces en esta discusión
El trámite legislativo tuvo participación casanareña. La ficha oficial de la Cámara identifica como autores, entre otros congresistas, a la entonces representante Adriana Carolina Arbeláez Giraldo y al entonces representante por Casanare Hugo Alfonso Archila Suárez; Archila también fue designado ponente junto con Betsy Judith Pérez Arango durante el trámite en Cámara.
El proceso tuvo además antecedentes de interlocución con familias del departamento. En informes de gestión del propio Congreso quedó registrada una mesa de trabajo en la que participaron Archila, la Liga Colombiana de Autismo y Jenny Andrea Salcedo, líder de Autismo TEA Casanare, donde se plantearon problemas como la falta de cifras reales, las dificultades para obtener certificación, el acceso a terapias y la necesidad de acompañamiento estatal.
La voz de esas familias no apareció de repente con la sanción de la ley. Durante años han reclamado que hablar de inclusión significa resolver problemas cotidianos: conseguir una cita, encontrar un profesional capacitado, permanecer en un colegio, acceder a medicamentos o poder trabajar mientras un hijo recibe el apoyo que necesita.
Ahora viene la prueba más difícil: que la ley salga del papel
La Ley 2628 ya está vigente desde su sanción el 26 de agosto de 2026 y fue publicada en el Diario Oficial 53.604.
Pero varias de sus transformaciones todavía requieren reglamentación, políticas públicas, rutas, capacitación y decisiones presupuestales. La ley ordena, por ejemplo, que el Gobierno construya la política pública en un año y que el Comité Nacional de Inclusión sea reglamentado dentro de los siguientes seis meses.
Por eso la sanción es un punto de llegada, pero también el comienzo de otra discusión.
Para una madre que ha tenido que escoger entre trabajar o acompañar a su hijo al colegio, una ley no cambia la vida por el solo hecho de estar firmada. La diferencia llegará cuando ese niño encuentre el apoyo que necesita al entrar al aula, cuando una EPS deje de convertir el tratamiento en una carrera de obstáculos y cuando cuidar a un familiar no signifique quedar excluido del trabajo y de la vida cotidiana.
Ahí será donde la Ley TEA tendrá que demostrar que la inclusión dejó de ser una promesa.
