La Variante de Yopal continúa sin fechas ciertas para su contratación y construcción ni recursos asegurados para ejecutarla. El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal consideró insuficiente la respuesta entregada por Invías y volvió a requerir a la entidad para que, esta vez, precise cuándo avanzará el proyecto, qué ocurre con los predios y cuál será la ruta real para financiar una obra que la capital casanareña espera desde hace años.
El nuevo auto, fechado el 24 de agosto de 2026, mantiene abierta además una cuestión jurídicamente sensible: el despacho no accedió a la solicitud de Invías de archivar la petición de apertura de un trámite incidental, después de concluir que la entidad respondió solo parcialmente al requerimiento que le había hecho en junio.
La decisión forma parte del seguimiento a la acción popular promovida por María de la Cruz Avendaño, proceso que se remonta a 2006 y en el cual existen sentencias cuyo cumplimiento continúa bajo vigilancia judicial.
Invías respondió, pero no contestó lo fundamental
El pasado 22 de julio, Invías presentó al juzgado un informe sobre las actuaciones adelantadas alrededor de la Variante de Yopal y otras intervenciones relacionadas con el corredor Yopal–Paz de Ariporo y el puente La Cabuya.
En cuanto a la Variante, informó que mediante el contrato de consultoría 1585 de 2021 se realizaron el Estudio de Impacto Ambiental y el estudio predial. La consultoría tuvo un valor de $1.233 millones y terminó en junio de 2023. Invías también reportó que el trámite permitió obtener el licenciamiento ambiental, con concepto técnico de la ANLA emitido el 6 de agosto de 2025.
Es decir, la Variante no está exactamente en cero. Ha consumido años de estudios y ya cuenta con avances técnicos y ambientales. El problema aparece al pasar de los documentos a la construcción.
El juzgado encontró que Invías no presentó un cronograma actualizado con fechas concretas para terminar la gestión predial, abrir el proceso contractual, iniciar las obras y concluir el proyecto. Tampoco entregó información suficiente sobre los predios que deben adquirirse ni demostró que existan recursos apropiados o comprometidos para ejecutar la Variante.
En 2026 no hay plata disponible para la Variante
La propia respuesta de Invías reconoce que el proyecto presupuestal del cual podrían provenir los recursos tiene para 2026 más de $133.716 millones apropiados, pero ese dinero ya se encuentra comprometido en su totalidad mediante contratos respaldados con vigencias futuras. La conclusión de la entidad es explícita: actualmente no existen recursos disponibles allí para financiar la Variante de Yopal.
Existe otra posibilidad presupuestal dentro del programa nacional de infraestructura vial primaria, pero requeriría que las dependencias de Invías evalúen y tramiten un traslado presupuestal.
Para 2027, el panorama tampoco constituye todavía una financiación asegurada. Invías reportó una disponibilidad proyectada de $10.000 millones, condicionada primero a que el Congreso apruebe el Presupuesto General de la Nación y después a que la Dirección de Ejecución y Operación decida priorizar esos recursos para la Variante. Si fueran necesarias vigencias futuras, además entrarían en juego trámites ante Planeación Nacional, Confis y eventualmente un documento Conpes.
El juez vuelve a ponerle plazo a Invías
Ante esas respuestas, el Juzgado Segundo Administrativo decidió requerir nuevamente a Invías y le concedió un mes para entregar cinco elementos concretos.
Deberá presentar el cronograma actualizado de la Variante con fechas estimadas para terminar la gestión predial, abrir la contratación, comenzar las obras y terminarlas; identificar cuántos predios necesita, cuáles han sido adquiridos y cuáles faltan; y demostrar qué recursos están apropiados, comprometidos o gestionados o, en su defecto, explicar concretamente cuál será la ruta institucional para financiar el proyecto.
El juez fue más allá y relacionó la infraestructura regional con el discurso del Gobierno Nacional de convertir esta zona del país en una gran despensa agrícola, denominada como un nuevo “Matto Grosso”. El despacho advirtió sobre la necesidad de que esa perspectiva venga acompañada de recursos considerables para vías y “no se convierta solo en retórica”.
La Cabuya sí tiene obras, pero tampoco están completamente financiadas
El expediente permite separar dos asuntos que podrían confundirse: una cosa es la Variante de Yopal y otra las intervenciones que Invías adelanta actualmente en el puente La Cabuya y sus alrededores.
Para el puente se asignaron $600 millones en 2026. Al momento del informe se habían ejecutado cerca de $145,8 millones y estaba terminada la instalación del 100 % de los refuerzos previstos para las columnas y aproximadamente el 30 % de los correspondientes a las vigas longitudinales.
Sin embargo, Invías estima que la rehabilitación y reforzamiento integral del puente cuesta alrededor de $2.900 millones, por lo que tampoco cuenta todavía con la totalidad de los recursos necesarios. Adicionalmente se han ejecutado obras contra la socavación y estabilización en sectores cercanos al río Cravo Sur.
También está en trámite un proceso independiente por $8.230 millones para atender el punto crítico del PR1+700, contiguo al puente La Cabuya. Precisamente el nuevo auto exige a Invías informar si ese proceso ya fue adjudicado, suspendido, declarado desierto o continúa en trámite.
Una Variante que continúa sin fecha
El expediente deja una contradicción difícil de ignorar: mientras Yopal ha crecido y la Marginal del Llano continúa soportando el tránsito que atraviesa la ciudad, la Variante acumula estudios, actuaciones administrativas y años de seguimiento judicial, pero todavía no tiene una fecha cierta de inicio ni una financiación asegurada.
Ahora Invías vuelve a tener el reloj corriendo. El Juzgado le concedió un mes para convertir las respuestas generales en datos verificables: predios, plata y fechas.
Y esta vez dejó una advertencia: si la información vuelve a ser incompleta o carece de soportes, esa circunstancia podrá ser considerada cuando el despacho decida sobre la apertura del trámite incidental.
