Una investigación de Alejandro Gaviria y Carolina Soto revela la dimensión de una tragedia que golpea especialmente a los jóvenes. Casanare registra la mayor tasa de mortalidad vial entre los departamentos estudiados y Yopal ocupa el tercer lugar en mortalidad de motociclistas entre los municipios de más de 50.000 habitantes. Las cifras corresponden al promedio de 2023 a 2025.
En Yopal, estadísticamente, cada cinco días una persona pierde la vida mientras se moviliza en motocicleta. Detrás de esa frecuencia hay familias que no vuelven a ver regresar a sus hijos, padres, esposos o hermanos. No se trata de una proyección alarmista para 2026, sino de una realidad reconstruida con los registros de defunciones de años anteriores.
El promedio de 76 motociclistas fallecidos por año, correspondiente al período 2023-2025, aparece en la investigación Más motos, más muertes: cuatro décadas de mortalidad vial en Colombia, publicada el 26 de octubre de 2026 por la Fundación Colombia Tiene Futuro.
El trabajo, elaborado por los investigadores Alejandro Gaviria y Carolina Soto, utiliza información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para reconstruir la evolución de la mortalidad vial en Colombia entre 1979 y 2025.
Sus resultados colocan a Casanare y a Yopal entre los territorios con mayores niveles de mortalidad vial del país.
La investigación también plantea una pregunta incómoda: ¿por qué una tragedia que cobra tantas vidas sigue siendo tratada, en buena medida, como un problema de comportamiento individual y no como una prioridad permanente de salud pública?
Yopal: 76 motociclistas fallecidos al año y una tasa entre las mayores del país
El estudio identifica los municipios colombianos de más de 50.000 habitantes que registraron las mayores tasas de mortalidad de motociclistas durante el período 2023-2025.
Granada, Meta, aparece con 41,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes; Puerto Asís, Putumayo, con 40,1; y Yopal ocupa el tercer lugar, con una tasa de 39,7.
En términos absolutos, la investigación calcula que durante esos tres años murieron en promedio 76 personas anualmente en motocicleta en la capital casanareña.
Esto equivale, en términos estadísticos, a una muerte aproximadamente cada 4,8 días.
La cifra no significa que durante 2026 esté ocurriendo exactamente una muerte con esa frecuencia. Es un promedio histórico calculado a partir de los datos estudiados.
Tampoco significa que Yopal sea el tercer municipio con mayor número absoluto de fallecidos del país. Su posición corresponde a la tasa de mortalidad entre las poblaciones de más de 50.000 habitantes incluidas en la comparación.
La diferencia es fundamental: una tasa permite comparar territorios de tamaños distintos y determinar dónde resulta proporcionalmente mayor la mortalidad.
Casanare: la tasa de mortalidad vial más alta entre los departamentos analizados
El panorama departamental resulta igualmente preocupante.
Entre 2023 y 2025, Casanare presentó una tasa promedio anual de 37,8 muertes viales por cada 100.000 habitantes, la más alta entre los departamentos incluidos en el estudio.
Le siguen Huila, con 30,3; Meta, con 29,2; y Arauca, con 29,1.
Para establecer una comparación, Bogotá registró una tasa de 9,4 muertes por cada 100.000 habitantes.
En proporción a su población, Casanare tuvo una mortalidad vial aproximadamente cuatro veces mayor que Bogotá.
Debe aclararse que esta clasificación departamental incluye todas las víctimas de siniestros viales, no exclusivamente a los motociclistas. Además, el gráfico excluye a los departamentos con menos de 150.000 habitantes.
La situación se ha agravado con el tiempo. Frente al promedio de 2017-2019, cuando Casanare registraba aproximadamente 27 fallecidos por cada 100.000 habitantes, la tasa aumentó 10,8 puntos.
En otras palabras, mientras se multiplican las campañas de prevención, los llamados a utilizar casco y las advertencias sobre el exceso de velocidad, las cifras muestran que el problema estructural no ha desaparecido.
La motocicleta, indispensable para el trabajo y el transporte de miles de casanareños, también concentra una elevada proporción de las víctimas fatales.
Una comparación estremecedora: más jóvenes muertos en moto que asesinados
Hay otro resultado de la investigación que merece particular atención en Casanare.
Entre 2023 y 2025, por cada hombre de 15 a 34 años asesinado en el departamento, murieron aproximadamente 1,7 hombres de esa misma edad mientras se movilizaban en motocicleta.
Es decir, en ese grupo poblacional, las muertes asociadas a motocicletas superaron a las ocasionadas por homicidios.
La comparación no pretende restar gravedad a los asesinatos. Al contrario, revela que la inseguridad vial también constituye una amenaza importante contra la vida.
En Colombia se habla constantemente de homicidios, capturas, extorsiones y grupos criminales. Los asesinatos son objeto de seguimiento institucional y reciben una amplia atención política y periodística.
Sin embargo, ¿cuántas veces se presentan con igual importancia las estadísticas de jóvenes que mueren sobre el pavimento?
El estudio demuestra que la mortalidad vial merece un seguimiento público permanente, comparable al que reciben otros problemas graves de seguridad.
A escala nacional, los investigadores calcularon que en 2025 fallecieron 5.652 motociclistas. El 85 % de las víctimas registradas entre 2021 y 2025 eran hombres, y cerca de la mitad correspondía a jóvenes de 15 a 34 años.
No se trata solamente de una pérdida humana irreparable. También desaparecen proyectos de vida, ingresos familiares y oportunidades de desarrollo para comunidades enteras.
¿Qué dicen las cifras más recientes de Yopal?
La investigación de Gaviria y Soto llega hasta 2025. Por eso es necesario examinarla junto con los balances locales disponibles para 2026.
A comienzos de octubre, la Secretaría de Movilidad de Yopal divulgó una reducción del 20 % en las muertes por siniestros viales: 43 fallecidos con corte al 30 de septiembre de 2026, frente a 54 durante el mismo período de 2025.
Es un resultado que merece reconocerse y seguir evaluándose.
No obstante, el Decreto 150 del 27 de octubre de 2026, mediante el cual se establecieron restricciones nocturnas para motocicletas, cita 45 personas fallecidas entre enero y septiembre de este año.
La diferencia de dos víctimas entre ambas referencias requiere una explicación sobre los cortes, las actualizaciones o las fuentes utilizadas.
El mismo decreto señala que durante 2025 fallecieron 69 personas en siniestros viales en Yopal, de las cuales 57 eran motociclistas, equivalentes al 82,6 % del total.
Estas cifras locales no deben confundirse automáticamente con los promedios calculados por Gaviria y Soto a partir de los certificados de defunción del DANE.
Las fuentes emplean procedimientos estadísticos diferentes. El estudio incorpora ajustes para clasificar defunciones y construye promedios de tres años, mientras los balances institucionales pueden utilizar registros y cortes distintos.
Precisamente por eso, sería conveniente que las autoridades expliquen cómo se relacionan sus cifras con las de la nueva investigación y publiquen una serie estadística unificada y verificable.
La transparencia también comienza por saber con exactitud cuántas personas están perdiendo la vida en las carreteras y calles del municipio.
¿Restringir motocicletas es suficiente para evitar más muertes?
La publicación del estudio coincide con una decisión reciente de la Alcaldía de Yopal.
Mediante el Decreto 150 del 27 de octubre, la Administración Municipal estableció restricciones a la circulación nocturna de motocicletas durante los dos próximos puentes festivos, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
El primer período comprende las noches del 30 de octubre al 2 de noviembre, y el segundo las del 13 al 16 de noviembre.
La medida busca reducir la exposición a siniestros en jornadas consideradas de especial riesgo.
Sin embargo, el trabajo de Gaviria y Soto advierte sobre las limitaciones de las políticas centradas en prohibir o restringir el uso de motocicletas.
Los investigadores recuerdan que estos vehículos son indispensables para el trabajo y la movilidad de millones de colombianos, especialmente en territorios donde el transporte público es insuficiente.
Entre las medidas que proponen se encuentran mayores exigencias para obtener licencias de conducción, controles sobre la calidad y el uso adecuado de los cascos, fortalecimiento de la atención médica de urgencias y responsabilidad de las plataformas que utilizan motociclistas para prestar servicios.
También plantean que alcaldes y gobernadores asuman metas públicas de reducción de muertes viales y rindan cuentas periódicamente sobre sus resultados.
Conviene precisar que la investigación no evalúa directamente el decreto de Yopal. Por tanto, no permite concluir si las restricciones adoptadas para estos puentes festivos serán eficaces o ineficaces.
La cuestión es determinar qué resultados concretos producen y, especialmente, qué acciones permanentes acompañan esas medidas temporales.
¿Cuántas vidas pretende salvar la Administración Municipal, en qué sectores se concentran los mayores riesgos y cómo medirá los resultados de sus decisiones?
Estas deberían ser preguntas centrales de cualquier política de seguridad vial.
La muerte no puede convertirse en una costumbre
Detrás de cada motociclista fallecido hay circunstancias particulares que deben investigarse: exceso de velocidad, posibles conductas imprudentes, condiciones de las vías, fallas mecánicas, deficiencias de señalización o dificultades para recibir atención oportuna, entre otras.
No todas las víctimas son responsables de los siniestros que les cuestan la vida. Reducir el problema a la imprudencia del conductor sería tan equivocado como suponer que todas las muertes pueden evitarse únicamente con más controles.
Pero tampoco puede ignorarse la responsabilidad individual de quienes conducen bajo los efectos del alcohol, desconocen las señales de tránsito o ponen en peligro a los demás usuarios de las vías.
El estudio nacional deja una advertencia especialmente relevante para Casanare: los avances en la protección de otros actores viales no han sido suficientes para contrarrestar el crecimiento de las muertes asociadas a motocicletas.
Por eso, las autoridades deben ir más allá de las campañas ocasionales y demostrar que sus intervenciones están reduciendo los riesgos.
La Gobernación, las alcaldías, los organismos de tránsito, la Policía y las instituciones de salud tienen responsabilidades diferentes, pero comparten un objetivo: impedir que más familias reciban la noticia de una muerte evitable.
Los conductores, por su parte, tienen una obligación que no puede delegarse en ninguna institución: proteger su propia vida y la de quienes comparten la carretera.
En Casanare, las cifras obligan a una reflexión urgente. Lo verdaderamente alarmante no es que un estudio revele tantas muertes, sino que la sociedad termine acostumbrándose a ellas.
