Planeación Municipal de Yopal encontró modificaciones constructivas en el edificio donde funciona la Rectoría de Unitrópico y reportó una presunta infracción urbanística por falta de licencia. La Curaduría Segunda tampoco encontró una autorización específica en sus archivos. Mientras las autoridades verifican la situación, surgen preguntas sobre quién ordenó las obras, bajo qué permisos se ejecutaron y qué controles técnicos se aplicaron en la universidad pública de Casanare.
En Unitrópico se forman arquitectos y abogados que deben aprender a respetar las normas de construcción y el ordenamiento jurídico. Sin embargo, una intervención realizada en el edificio donde funciona la Rectoría terminó bajo la lupa de Planeación Municipal de Yopal, que encontró modificaciones arquitectónicas sin que durante la inspección se acreditara la correspondiente licencia de construcción.
La situación resulta particularmente llamativa: mientras la universidad enseña a sus futuros profesionales las exigencias técnicas y legales de las edificaciones, su propia administración tiene pendiente aclarar cómo autorizó modificaciones en uno de sus inmuebles.
Todo comenzó con una queja ciudadana que advertía sobre la apertura de nuevas puertas y ventanas en el edificio administrativo antiguo de Unitrópico, donde actualmente funciona la Rectoría.
Planeación encontró una modificación y reportó una infracción urbanística
El 22 de septiembre de 2026, funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal realizaron una visita de inspección al inmueble, ubicado en la avenida carrera 19 No. 38-102, barrio Aerocivil de Yopal.
En el segundo piso del Bloque A encontraron que se había intervenido un muro divisorio para abrir un nuevo acceso mediante una puerta con marco metálico y vidrio.
La modificación quedó documentada en fotografías y en el Informe de Control Urbano 2026324940, fechado el 13 de octubre.
El documento concluyó que los trabajos modificaron la configuración arquitectónica del inmueble, que no correspondían a una simple reparación locativa y que se habían ejecutado sin contar con la respectiva licencia de construcción.
Incluso señaló que los hechos evidenciados constituían una infracción a las normas de integridad urbanística, conforme al artículo 135 de la Ley 1801 de 2016.
Sin embargo, en una respuesta posterior, del 27 de octubre, la propia Secretaría aclaró que durante la inspección no se había acreditado la licencia, circunstancia que por sí sola no demuestra que nunca se hubiera expedido alguna autorización.
Por tanto, el informe constituye un hallazgo técnico relevante, pero no equivale a una sanción definitiva contra la universidad.
Licencias para otras obras, pero ¿dónde está la de Rectoría?
La investigación ciudadana llegó hasta las curadurías urbanas de Yopal.
El 5 de noviembre, la Curaduría Urbana Segunda informó que Unitrópico cuenta con autorizaciones para distintos proyectos de infraestructura, entre ellos la ampliación de laboratorios y escuelas, la construcción de tres subestaciones eléctricas y obras para mejorar el acceso y la atención universitaria.
Sin embargo, precisó que en los registros consultados no encontró una licencia urbanística expedida específicamente para intervenir el edificio administrativo antiguo donde funciona la Rectoría.
La Curaduría también explicó que abrir nuevas puertas o ventanas en muros existentes constituye una modificación arquitectónica que, de acuerdo con su concepto, requiere la correspondiente licencia de construcción.
Por su parte, la Curaduría Primera relacionó diferentes solicitudes de licenciamiento asociadas a predios universitarios, pero no acreditó que alguna autorizara la intervención encontrada por Planeación. También indicó que varios expedientes antiguos se encuentran bajo custodia de la Secretaría de Planeación Municipal.
En consecuencia, aunque Unitrópico tiene licencias para determinadas construcciones, los documentos aportados no permiten establecer que las modificaciones encontradas en Rectoría estuvieran amparadas por esas autorizaciones.
¿Y la seguridad del edificio?
La queja también plantea interrogantes sobre las consecuencias de abrir puertas y ventanas en muros existentes.
Planeación identificó el elemento intervenido como un muro divisorio y no como una columna, viga u otro componente estructural principal.
No obstante, aclaró que la inspección visual no constituye una evaluación especializada de ingeniería y que, sin revisar los planos originales y los antecedentes técnicos, no es posible descartar completamente una posible afectación del comportamiento estructural del inmueble.
Por tanto, no existe una conclusión técnica que demuestre que la estabilidad del edificio esté comprometida.
El denunciante también solicitó investigar otras modificaciones, entre ellas la apertura de una puerta en el auditorio y nuevas ventanas. Esas intervenciones no quedaron individualmente verificadas en el informe inicial.
¿Quién dio la orden y quién responde?
Más allá de establecer si existía una licencia, surgen preguntas administrativas que Unitrópico debe esclarecer.
¿Quién decidió modificar el edificio? ¿Qué dependencia autorizó los trabajos? ¿Quién los contrató, ejecutó y supervisó? ¿Existen planos, estudios técnicos y soportes que demuestren el cumplimiento de los requisitos exigibles?
Los documentos municipales examinados no identifican a los responsables de esas decisiones dentro de la universidad.
El informe de Planeación fue remitido a la Secretaría de Gobierno de Yopal para que adelantara las actuaciones de su competencia. Sin embargo, en la documentación disponible no aparece una decisión sancionatoria definitiva contra Unitrópico por estos hechos.
Una universidad pública también debe enseñar con el ejemplo
La transformación de Unitrópico en universidad pública fue celebrada como una conquista histórica de los casanareños. Ese logro, respaldado institucional y políticamente, también representa mayores responsabilidades frente a la comunidad.
No se trata de cuestionar la existencia de la universidad ni la calidad de sus programas académicos, sino de examinar si su administración cumple las normas y procedimientos que corresponden a una institución pública.
La Rectoría tiene la oportunidad de presentar las autorizaciones, contratos, planos y estudios que permitan esclarecer las intervenciones realizadas.
Porque, al final, en una universidad que enseña Arquitectura y Derecho debería resultar especialmente importante demostrar que sus propias obras cumplen las normas que enseña a respetar.
