La investigación por el asesinato de cinco personas en Villanueva tomó un giro que va más allá de la captura de los presuntos sicarios. Dos ganaderos, padre e hijo, están entre los imputados. La Fiscalía les atribuye participación en la ubicación y seguimiento de las víctimas.
El asunto resulta especialmente sensible en Casanare. Durante el auge paramilitar, estructuras armadas ilegales intervinieron en conflictos particulares y fueron utilizadas para imponer castigos por fuera de la justicia. En El Fical, la investigación deberá establecer si existió una dinámica semejante.
Fuentes externas al proceso señalan como una de las hipótesis más fuertes un presunto ajuste de cuentas contra personas señaladas de abigeato. Sin embargo, ese posible móvil todavía no ha sido expuesto formalmente en las audiencias conocidas.
Padre e hijo entre los cinco procesados
Casi cuatro meses después de la masacre del 16 de abril, cinco hombres permanecen privados de la libertad. Camilo Andrés Machado Martínez, alias “Tatuajes”, y Robeiro Guzmán López serían los presuntos autores materiales.
José Hugo Bernal Triviño, alias “Gallero”, habría participado en la planeación y coordinación. Por su parte, Daniel Cadena Amariles y Diego Alejandro Cadena Niño son padre e hijo y reconocidos ganaderos de Villanueva.
De acuerdo con lo conocido durante las audiencias, los investigadores les atribuyen participación en la ubicación, seguimiento e identificación de las víctimas. También indagan su posible intervención en aspectos logísticos del crimen.
Su vinculación amplía el alcance del caso. La justicia no busca establecer solamente quién disparó, sino reconstruir la cadena de personas que habría hecho posible la masacre.
Fuentes externas consultadas por Casanare Hoy señalan que el presunto “ajuste de cuentas” por abigeato figura entre las principales hipótesis sobre el móvil. Las víctimas habrían sido señaladas de cometer hurtos de ganado que afectaban intereses de ganaderos de la zona.
Este elemento requiere una precisión fundamental. Hasta ahora no ha sido presentado formalmente en las audiencias conocidas. Por tanto, no puede afirmarse que el abigeato haya provocado la masacre ni que los procesados hubieran encargado el crimen por ese motivo.
Un solo día: reuniones, movimientos y una masacre
La reconstrucción presentada durante las audiencias permite seguir una secuencia ocurrida el mismo 16 de abril. Varios de los hoy imputados habrían desayunado en un establecimiento denominado Laura Nicole.
Posteriormente se desplazaron hacia un predio ubicado frente al sector de la subasta ganadera. Allí se habría producido otro encuentro. Después, una mujer habría llegado al lugar y entregado una motocicleta que terminaría en manos de los presuntos ejecutores materiales.
Los investigadores reconstruyeron estos movimientos mediante cámaras de seguridad, comunicaciones, fotogramas y testimonios.
Más tarde, los dos ganaderos habrían cumplido su jornada de trabajo y posteriormente llegaron a Casa Tabla. En ese establecimiento se encontraban las víctimas. Permanecieron allí cerca de 30 minutos y luego se retiraron.
Aproximadamente 15 minutos después habrían llegado Machado Martínez y Guzmán López. Cerca de las 7:00 de la noche, dos hombres armados atacaron a quienes departían en el establecimiento.
El ataque dejó cinco personas muertas: Víctor Manuel Rodríguez Moreno, José Ricardo Granada, José Ariel Torres, Ricardo Montaña Roa y Eilmer Joan Cáceres Moreno. Otras cuatro personas sobrevivieron, entre ellas dos menores de edad.
La Policía señala a tres de los procesados como presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron cinco armas de fuego y un arma traumática con munición modificada.
También encontraron 190 cartuchos de diferentes calibres, cuatro motocicletas y cinco celulares.
Una hipótesis que toca una vieja herida de Casanare
Si la justicia demuestra que detrás de la masacre existió un encargo relacionado con un conflicto por supuesto abigeato, el caso adquiriría otra dimensión. Implicaría que particulares habrían recurrido a una estructura armada ilegal para resolver violentamente un conflicto relacionado con sus intereses.
Casanare ya conoció este tipo de relaciones durante las décadas más violentas del conflicto armado. Las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Centauros extendieron su poder sobre distintas zonas del departamento entre finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Ese antecedente histórico no demuestra que en El Fical se haya reproducido el mismo fenómeno. Tampoco permite establecer responsabilidades sobre los actuales procesados más allá de las imputaciones existentes.
La pregunta, sin embargo, resulta inevitable: ¿un conflicto entre particulares terminó nuevamente trasladado a una organización armada ilegal para convertir un señalamiento en una sentencia de muerte?
Lo que sigue en el proceso
Los cinco procesados afrontan imputaciones relacionadas con los cinco homicidios y con el ataque contra las cuatro personas que sobrevivieron. También enfrentan cargos relacionados con armas de fuego.
A los dos señalados como presuntos ejecutores materiales les imputaron, además, el hurto del teléfono celular de una menor.
Cuatro procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El quinto ya estaba privado de la libertad por otro proceso. Ninguno ha sido condenado y todos conservan la presunción de inocencia.
La investigación deberá resolver ahora tres asuntos centrales: cuál fue realmente el móvil de la masacre, quién habría ordenado el crimen y qué papel desempeñó cada uno de los procesados.
*Agradecimiento al medio de comunicación de Villanueva Conexión*
