Una empresa representada por Linda Isabel Torres Zubieta deberá pagar $350 millones por intervenciones urbanísticas sin licencia en el predio La Manareña, en El Charte. La Alcaldía confirmó además la demolición de obras y restricciones para nuevas conexiones de servicios públicos. John Jairo Torres, condenado anteriormente por urbanización ilegal, ha salido públicamente en defensa de las “10 mil familias” vinculadas al proyecto.
Para los documentos oficiales, la sancionada es INDECO S.A.S. Para John Jairo Torres, los afectados son “10 mil familias”.
Esa diferencia entre quién responde formalmente dentro del proceso y quién asume públicamente la defensa del proyecto vuelve a poner bajo la lupa las iniciativas multitudinarias de acceso a tierra y vivienda promovidas alrededor del exalcalde de Yopal.
El nuevo episodio ocurre en La Manareña, predio ubicado en el corregimiento El Charte. Allí, INDECO S.A.S., representada legalmente por Linda Isabel Torres Zubieta, fue declarada infractora por realizar intervenciones urbanísticas sin contar con las autorizaciones requeridas.
Y ya no se trata de una decisión provisional.
Mediante la Resolución 333 del 11 de agosto de 2026, el alcalde Marco Tulio Ruiz confirmó integralmente el fallo de primera instancia: multa de $350 millones, demolición de las obras ejecutadas sin autorización y prohibición de nuevas acometidas de servicios públicos mientras no se acrediten los permisos correspondientes.
Planeación encontró algo más que trabajos agrícolas
La defensa sostuvo durante el proceso que algunas de las intervenciones correspondían a actividades propias del uso agrícola del terreno.
La administración no aceptó esa explicación.
El expediente da cuenta de movimientos de tierra, descapote, tala y quema de vegetación, delimitación de terrenos, replanteo y apertura o adecuación de vías internas. El fallo señala además que durante el proceso fueron valorados registros fotográficos, videos, inspecciones y otros elementos que llevaron a la autoridad a advertir “un proceso organizado de parcelación y adecuación del terreno”. Esos registros son mencionados como material probatorio dentro del expediente, aunque no están anexos a las dos providencias conocidas por este medio.
La conclusión resulta especialmente relevante: independientemente de cómo se denomine comercialmente una iniciativa o de que sus participantes sean llamados compradores, beneficiarios o “socios”, las normas urbanísticas se aplican sobre lo que efectivamente se hace con el territorio.
INDECO aparece en los documentos; J.J. defiende a los “10 mil”
INDECO es la sociedad sancionada y Linda Isabel Torres Zubieta figura como su representante legal.
John Jairo Torres, sin embargo, aparece públicamente alrededor de la iniciativa y reaccionó a la decisión asegurando que afecta a “10 mil familias”. El Nuevo Oriente registró además su participación como asesor del proyecto.
No es un antecedente menor. Torres ya fue condenado penalmente por urbanización ilegal por Ciudadela La Bendición, proyecto alrededor del cual construyó un enorme liderazgo popular que incluso lo llevó posteriormente a convertirse en alcalde de Yopal.
Después continuó apareciendo alrededor de iniciativas multitudinarias de tierra y vivienda con otros nombres y esquemas, entre ellos Nueva Jerusalén, Shaddai y “10.000 Socios Yopal”.
Son proyectos diferentes y no corresponde afirmar que todos tengan la misma situación jurídica. Pero la recurrencia obliga a observar con especial atención cada nueva iniciativa, particularmente cuando vuelve a existir una actuación administrativa que concluye que sobre un terreno se realizaron intervenciones sin las licencias requeridas.
¿Qué pasó antes de que el terreno llegara al proyecto?
La cadena de propiedad de La Manareña también deja una pregunta que merece ser explorada.
El expediente identifica a Luis Warner Cortez Díaz como anterior propietario y hace referencia a la negociación mediante la cual el inmueble pasó posteriormente a Linda Isabel Torres Zubieta.
Más allá de esa compraventa, los documentos que conocemos no permiten atribuir al anterior propietario conocimiento, participación o responsabilidad sobre el desarrollo posterior del proyecto.
Lo periodísticamente pertinente es otra cosa: establecer qué condiciones acompañaron la venta, cuál era entonces la situación urbanística del predio y qué información sobre sus posibilidades de desarrollo quedó consignada en la negociación.
La propia segunda instancia dedica parte de su análisis a la temporalidad de las intervenciones frente a la adquisición del inmueble, debido a que INDECO argumentó que algunas actuaciones eran anteriores a su llegada al predio.
La necesidad de vivienda no cambia las reglas del suelo
El discurso de las “10 mil familias” toca una necesidad real: miles de hogares tienen enormes dificultades para acceder al mercado formal de vivienda.
Precisamente allí está uno de los puntos sensibles.
Cuando las familias entregan recursos o depositan sus expectativas en un proyecto antes de que exista certeza sobre la posibilidad legal de desarrollar el terreno, son ellas quienes pueden quedar expuestas si posteriormente aparecen restricciones urbanísticas.
Y Yopal ya conoce las consecuencias.
La experiencia de La Bendición demostró cómo un problema urbanístico puede terminar convertido años después en una responsabilidad colectiva alrededor de legalización, servicios públicos, vías y equipamientos.
Por eso La Manareña no debería reducirse a una confrontación política entre John Jairo Torres y el alcalde Marco Tulio Ruiz.
La pregunta más importante es: ¿qué garantías tienen quienes entregan recursos o se vinculan como “socios” antes de que exista certeza de que el terreno puede desarrollarse para el propósito ofrecido?
La Manareña no sería el único proyecto
Casanare Hoy tiene conocimiento de otras iniciativas promovidas o relacionadas públicamente con John Jairo Torres en municipios de Casanare e incluso en departamentos vecinos.
No sería responsable agruparlas automáticamente bajo la categoría de ilegales. Este medio revisará cada una por separado: propiedad de los predios, clasificación del suelo, sociedades involucradas, permisos, licencias y mecanismos mediante los cuales se vincula a los participantes.
El antecedente penal de Torres no convierte automáticamente en ilegal cualquier proyecto posterior relacionado con él.
Pero tampoco puede desaparecer del análisis periodístico.
En La Manareña ya existen dos decisiones administrativas coincidentes. La última confirmó la multa de $350 millones, la demolición de obras y las restricciones para nuevas acometidas de servicios públicos.
Y mientras formalmente la sancionada es INDECO S.A.S., nuevamente es John Jairo Torres quien sale públicamente a hablar en nombre de “10 mil familias”.
Después de lo que Yopal ya ha vivido, la legalidad de un proyecto no debería discutirse cuando haya miles de viviendas construidas.
Debe establecerse antes.
