Cinco meses después de su primera socialización en Yopal, la articulación entre Prosperidad Social, el Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario mantiene activa su ruta de orientación y alistamiento. Más de 20 asociaciones ya conocen el programa y varias organizaciones campesinas identifican proyectos que podrían fortalecerse mediante el acceso responsable al crédito.
El convenio tripartito 413, celebrado entre Prosperidad Social, el Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario, avanza en Casanare mediante jornadas de socialización, orientación y acercamiento con asociaciones interesadas en fortalecer sus actividades productivas.
Más de 20 organizaciones del departamento han conocido la ruta y varias analizan cómo vincular sus iniciativas agrícolas y comunitarias al programa. El avance no se mide únicamente en desembolsos, sino también en asociaciones informadas, proyectos identificados y organizaciones dispuestas a asumir las responsabilidades financieras que implica el proceso.
Una puerta de entrada al crédito formal
El programa Inclusión Financiera para la Economía Popular busca reducir una de las principales barreras que enfrentan los pequeños productores y las organizaciones comunitarias, quienes, aunque cuentan con iniciativas productivas viables, no disponen de las garantías o el respaldo necesarios para acceder al crédito formal.
El esquema combina la oferta financiera del Banco Agrario, el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y el acompañamiento de Prosperidad Social. Su anexo operativo contempla una compensación equivalente al 14 % del capital desembolsado para quienes cumplan las condiciones establecidas en el programa, además de etapas de validación, educación financiera y seguimiento.
El propósito es que las organizaciones no reciban solamente información sobre una línea de crédito, sino que comprendan sus condiciones, evalúen su capacidad de pago y estructuren de manera responsable el uso de los recursos.
Las asociaciones ya piensan en proyectos concretos
Rigoberto Rojas Vargas, integrante de Asoprocam, explicó que su organización ve en esta ruta una posibilidad para poner en marcha proyectos de plátano, piña y patilla en un terreno entregado por el Gobierno.
“Estamos completamente listos para iniciar. Hemos venido trabajando desde que conocimos el programa”, afirmó.
La Asociación 100 por Ciento Manos para Trabajar Regreso al Campo también manifestó su disposición para avanzar en esta iniciativa. Salvador Ávila señaló que el acceso al crédito podría beneficiar a numerosas familias y fortalecer una economía sostenible, aunque advirtió que esta oportunidad exige compromiso y responsabilidad por parte de quienes se vinculen.
Estos testimonios muestran que el convenio comienza a ser entendido no como un trámite entre entidades, sino como una herramienta que puede respaldar planes de siembra, producción y generación de ingresos construidos desde las propias organizaciones.
De la socialización al acompañamiento
La primera presentación del convenio en Casanare se realizó el 18 de febrero en Yopal, con participación de representantes del Banco Agrario, el Fondo de Garantías de Boyacá y Casanare, Prosperidad Social, la Gobernación de Casanare y el SENA.
Desde entonces, la estrategia ha continuado acercándose a asociaciones del territorio para explicar requisitos, alcances y responsabilidades.
La vinculación de las organizaciones es un paso clave porque permite identificar necesidades reales, orientar la formulación de proyectos y evitar que el crédito se convierta en una carga. La apuesta es que el financiamiento contribuya a fortalecer unidades productivas sostenibles y no se reduzca a una entrega aislada de recursos.
Prosperidad Social continuará promoviendo espacios de orientación para que más asociaciones de la economía popular en Casanare conozcan la ruta, revisen si cumplen las condiciones y avancen de manera informada. El reto de la siguiente etapa será convertir este proceso de preparación en oportunidades financieras efectivas para las organizaciones que superen la evaluación correspondiente.
