Dos decisiones de segunda instancia ordenan transformar los parqueaderos de ambas edificaciones: Unicentro deberá retirar el cerramiento que bloquea la conexión entre los sótanos, mientras la Cámara de Comercio tendrá que demoler su rampa de acceso y reconstruir el muro exterior intervenido. Después de años de pleitos, las instituciones están obligadas a coordinar el funcionamiento de espacios concebidos para estar comunicados.
Por César Colmenares
Miles de vehículos han recorrido durante años los parqueaderos de Unicentro Yopal y de la Cámara de Comercio de Casanare sin que sus conductores sospechen que, detrás de una pared gris, se esconde uno de los conflictos urbanísticos más prolongados y complejos de la ciudad.
Desde el lado de Unicentro, el cerramiento parece el límite natural del sótano. Sin embargo, al observarlo desde la Cámara de Comercio, la perspectiva cambia: detrás de paneles publicitarios existe una abertura mucho más amplia y aparecen las huellas de distintas intervenciones sobre el concreto.
Allí convergen dos edificaciones que han funcionado como vecinas independientes, aunque su relación jurídica, urbanística y operativa es mucho más estrecha.
El caso terminó con sanciones para ambos protagonistas. Unicentro debe retirar el obstáculo que impide la comunicación entre los sótanos; la Cámara tendrá que demoler la rampa construida sin licencia y reconstruir el muro exterior intervenido para abrir ese acceso.
Las multas suman cerca de $224 millones. No existe, por tanto, un vencedor absoluto: las dos instituciones deberán deshacer obras que durante años les permitieron operar por separado.
Un proyecto que cambió de rumbo
Versiones recogidas durante esta investigación indican que el lote donde hoy funciona la Cámara de Comercio habría sido concebido inicialmente como parte de una segunda etapa del proyecto Unicentro Yopal, promovido por el reconocido constructor Pedro Gómez.
Algunas fuentes recuerdan incluso que allí se contempló un desarrollo hotelero que nunca se materializó.
Pedro Gómez no era un promotor inmobiliario cualquiera. Fue el empresario que expandió el modelo Unicentro por varias ciudades del país y cuya reputación generaba confianza entre inversionistas, compradores y copropietarios.
Pocos habrían imaginado que uno de sus proyectos terminaría dejando en Yopal una disputa prolongada por accesos, zonas comunes, parqueaderos y propiedad horizontal.
El terreno fue finalmente vendido a la Cámara de Comercio, que construyó allí su sede.
El cambio de propietario y de propósito alteró el rumbo del desarrollo: lo que había sido pensado como continuación del complejo comercial comenzó a funcionar con administración, entradas y controles propios.
Ahí nació el enredo. El constructor concretó la operación inmobiliaria y quienes permanecieron tuvieron que enfrentar las consecuencias de un diseño cuya integración nunca quedó resuelta de manera práctica.
Cuando lo provisional se volvió permanente
Fuentes conocedoras del caso señalan que la rampa de la Cámara habría sido construida inicialmente para facilitar el ingreso de maquinaria y materiales durante la obra.
El cerramiento interno de Unicentro, por su parte, habría surgido como una medida provisional de seguridad mientras avanzaba la construcción contigua.
Terminados los trabajos, ninguna de esas soluciones desapareció. La rampa se convirtió en el acceso permanente al parqueadero de la Cámara y la barrera interna terminó separando por completo los sótanos.
Cada edificio desarrolló su propia operación, con controles, horarios y circulación independientes.
El problema tampoco se reducía a los vehículos. Si la sede de la Cámara fue incorporada como una segunda etapa del complejo y debía cumplir la función de local ancla, también resultaba necesaria una comunicación peatonal entre los espacios comerciales.
En una propiedad horizontal integrada, parqueaderos, corredores y accesos forman parte de una misma lógica de funcionamiento, no de dos mundos aislados.
El registro inmobiliario muestra que el inmueble fue incorporado al régimen de propiedad horizontal y posteriormente adquirido por la Cámara de Comercio.
También quedó consignado que la propiedad había sido comprada con recursos de origen público, elemento que llevó la controversia más allá de una simple disputa entre particulares.
La pared vista desde los dos lados
Las fotografías obtenidas por Casanare Hoy permiten entender lo que los expedientes describen con lenguaje técnico.
Desde Unicentro se observa un panel gris, elaborado en un material liviano diferente al concreto estructural.
Desde la Cámara se advierte que la zona de conexión es más extensa de lo que el cerramiento deja ver.
También permanecen marcas y diferencias de textura sobre el concreto.
Según varias fuentes que solicitaron reserva de su identidad, esas huellas corresponderían a una intervención realizada antes de una inspección ocular.
La versión recogida indica que, durante la noche anterior a esa diligencia, se habría iniciado la demolición parcial del muro para ampliar la abertura antes de la llegada de las autoridades.
Personas que se encontraban en la Cámara advirtieron los trabajos, llamaron a la Policía y la intervención fue suspendida. Después de la inspección, el paso habría sido cubierto nuevamente con drywall.
Este episodio no aparece declarado como hecho probado en los fallos de segunda instancia. Forma parte de una reconstrucción periodística sustentada en relatos coincidentes y en la observación de las intervenciones visibles.
Las fotografías no demuestran por sí solas cómo ocurrió la demolición, pero sí muestran una sucesión de materiales y marcas compatible con esas versiones.
Dos decisiones que obligan a transformar los accesos
La decisión de segunda instancia contra Unicentro confirmó que debía retirarse cualquier estructura que sellara, obstaculizara o bloqueara la conexión entre los sótanos, correspondiente a un área de 11,52 metros cuadrados.
La multa quedó fijada en cerca de $68 millones y contra esa resolución no procede otro recurso administrativo.
La sanción contra la Cámara de Comercio corresponde a obras diferentes. La entidad fue declarada responsable de construir sin licencia y deberá pagar $156.248.40 millones.
Además, tiene que demoler una rampa de 73,63 metros cuadrados y reconstruir el muro de 16,08 metros cuadrados intervenido para abrir el acceso desde la calle 14.
Las dos órdenes pueden parecer contradictorias, pero en realidad conducen hacia una misma reorganización:
- Unicentro deberá abrir la comunicación interna;
- La Cámara tendrá que eliminar su acceso independiente y restablecer el muro exterior.
Leídas conjuntamente, las decisiones obligan a que los sótanos funcionen de manera integrada.
Años de control tardío
La controversia tampoco puede explicarse exclusivamente como un enfrentamiento entre las dos instituciones. El Municipio de Yopal conoció durante años las diferencias y tenía a su cargo las funciones de control urbanístico, pero las soluciones definitivas tardaron en llegar.
El expediente pasó por inspecciones, querellas, decisiones de primera instancia, apelaciones y una acción popular.
En agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare amparó el derecho colectivo a que las construcciones y desarrollos urbanos respetaran las disposiciones aplicables.
Posteriormente, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal requirió al Municipio para que demostrara el cumplimiento de las medidas adoptadas.
La Alcaldía debía informar no solamente sobre las decisiones expedidas, sino también sobre el pago de las multas, las demoliciones y la reconstrucción ordenada.
Lo que pudo corregirse durante las primeras etapas del proyecto terminó convertido en un litigio de varios años, con mayores costos, obras consolidadas y una intervención judicial necesaria para exigir resultados.
Cumplir implica concertar
La ejecución de las órdenes requiere coordinación. Si la Cámara demuele primero su rampa y cierra el acceso exterior mientras continúa bloqueada la conexión interna, su parqueadero quedaría sin una entrada funcional.
Si Unicentro retira el cerramiento sin un acuerdo previo, se abrirá un paso entre zonas que durante años tuvieron controles, horarios y administraciones diferentes.
Fuentes conocedoras del proceso señalan que existe disposición en la Cámara de Comercio para concertar las obras y evitar que alguno de los edificios quede aislado.
La eliminación del cerramiento, la demolición de la rampa y la reconstrucción del muro exterior tendrían que ejecutarse de manera articulada.
El muro caerá; la convivencia apenas comienza
Después vendrá una discusión todavía más compleja: quién administrará el acceso, cómo se distribuirán los espacios, qué sistema de seguridad se utilizará, cómo se asumirán los costos y qué responsabilidades tendrá cada institución frente a los usuarios.
La integración peatonal también deberá resolverse. No bastará con comunicar los sótanos si los espacios comerciales continúan separados.
El funcionamiento propio de una propiedad horizontal con un local ancla supone corredores, accesos, señalización y áreas comunes conectadas.
Aunque los representantes de ambas instituciones conocen el proceso y han sostenido conversaciones sobre su cumplimiento, no pueden ser citados públicamente debido a las limitaciones impuestas alrededor del litigio.
Los acuerdos deberán conocerse a través de decisiones formales y de las actuaciones que adopten sus órganos administrativos.
