La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa ante las presuntas irregularidades en la compra de más de 17 mil tabletas que fueron adquiridas y distribuidas en diferentes instituciones educativas de Casanare.
Los hechos fueron denunciados por un medio de comunicación nacional que advirtió sobre las posibles anomalías que se habrían presentado con el valor de estos dispositivos que, según la publicación periodística, tendrían como destino 30 colegios del citado departamento.
Esto, en el marco del contrato de inversión para el fortalecimiento de la calidad educativa mediante habilidades digitales en Casanare y que conlleva la entrega de los mencionados dispositivos electrónicos.
El ente de control solicitó a la Gobernación de Casanare información sobre el objeto y alcance del bilateral, la entrega de estos dispositivos móviles y la población beneficiaria, esto, entre otras pruebas decretadas.
Postura de la Gobernación
En reciente debate de control político sobre el tema adelantado en la Asamblea Departamental, el secretario de educación de Casanare, Diego Ardila Plazas, explicó que el proyecto tiene como fuente de financiación provino de los recursos de regalías, un mecanismo sujeto a una estricta reglamentación, la cual su dependencia cumplió rigurosamente en todo momento.
Igualmente, que los costos unitarios de las tablets sí se ajustaron a los precios del mercado para la fecha de compra (son oscilantes) y que se debe comparar una tablet sola con una que contemple protector, teclado y cargador en la adquisición.
Finalmente, el secretario de Educación reiteró que la entidad mantiene una política de puertas abiertas y que cualquier inquietud será atendida con total disposición y transparencia.
