La nueva dirección de Prosperidad Social abrió una revisión sobre contratos, convenios, fiducias, donaciones, nombramientos y otras actuaciones administrativas realizadas durante el gobierno anterior. Entre los asuntos que están siendo verificados aparecen cerca de un billón de pesos vinculados a instrumentos de ejecución sobre los cuales la entidad asegura no haber encontrado información suficiente, además de más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad todavía no ha sido establecida.
La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, informó que las verificaciones también abarcan contratos de altos montos cuya ejecución se concentró durante los meses de la campaña presidencial, donaciones que califica como “dudosas e injustificadas”, más de una decena de nombramientos provisionales y procesos administrativos que, según la entidad, requieren un examen técnico y jurídico más profundo.
La revisión se produce a partir de información y denuncias aportadas por funcionarios y sindicatos, así como de informes de organismos de control que ahora están siendo contrastados por un equipo interdisciplinario.
“Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, aseguró Suárez, quien anunció que los hechos que eventualmente puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a los organismos competentes.
Entre los puntos que más llaman la atención está la revisión de cerca de un billón de pesos relacionados con fiducias, convenios y otros mecanismos de ejecución. Prosperidad Social señala que existen soportes pendientes por revisar y procesos cuyo estado de legalización o cierre debe establecerse.
También están bajo la lupa más de 900 contratos de prestación de servicios, entregas de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026 sin claridad —según el comunicado— sobre sus beneficiarios finales, y procesos de difusión y otras actuaciones contractuales y administrativas.
La entidad, sin embargo, hizo una precisión fundamental: la revisión se encuentra en etapa de verificación y, hasta ahora, no constituye una determinación de responsabilidad contra funcionarios o contratistas del gobierno anterior. Será el resultado de las auditorías y, eventualmente, la actuación de los organismos de control y autoridades judiciales lo que determine si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
Prosperidad Social anunció que dará a conocer posteriormente los resultados del proceso.
