Colombia enfrenta hoy tres problemas que ya parecen fuera de control:
- hospitales y urgencias saturados por accidentes de motocicleta,
- miles de millones de pesos públicos destinados a cubrir siniestros de vehículos sin SOAT,
- y una cultura vial cada vez más deteriorada, marcada por invasión del espacio público, imprudencia y evasión masiva del seguro obligatorio.
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o incluso municipios intermedios, la escena se volvió cotidiana: motos sobre andenes, contravía, sin casco, sin placas visibles o sin documentación al día. Y mientras el país intenta contener esa realidad, en plena campaña presidencial apareció una propuesta explosiva.
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó un proyecto de ley para que el Estado asuma el pago del SOAT de motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3.
La iniciativa se presenta como un alivio social para millones de trabajadores que dependen de la moto. Pero detrás del discurso también aparecen preguntas incómodas:
¿se está premiando la evasión?
¿quién terminará pagando realmente esa cuenta?
¿y qué pasará con la accidentalidad y la presión sobre hospitales públicos?
La propuesta: alivio para motociclistas, carga para el Estado
El proyecto beneficiaría potencialmente a cerca de 12 millones de motocicletas de bajo cilindraje, según reportes conocidos sobre la iniciativa. La propuesta consiste en que el ciudadano deje de pagar el SOAT y sea el Estado quien asuma el costo del aseguramiento. (elcolombiano.com)
En otras palabras: el SOAT no desaparecería. Simplemente cambiaría de bolsillo.
La propia exposición pública del proyecto habla de un impacto cercano a los $2,5 billones anuales, recursos que tendrían que salir del Presupuesto General, regalías o reasignaciones estatales. (elcolombiano.com)
Eso significa que terminarían financiándolo todos los contribuyentes, incluyendo ciudadanos que no tienen motocicleta.
Petro ya había intentado algo parecido
La propuesta también revive inevitablemente el debate sobre la reducción del 50 % en el SOAT impulsada por el gobierno de Gustavo Petro para motos de bajo cilindraje y algunas categorías de transporte público.
En diciembre de 2022, el Ministerio de Hacienda anunció esa reducción argumentando que buscaba combatir la evasión y aliviar el bolsillo de millones de usuarios. (minhacienda.gov.co)
Pero el problema estructural prácticamente siguió intacto.
Datos citados por Caracol Radio con base en cifras de Fasecolda y el RUNT indican que en 2025 existían 13,5 millones de motos en Colombia y apenas 5,7 millones tenían SOAT vigente. Es decir, más de la mitad seguía circulando sin seguro obligatorio. (caracol.com.co)
El problema no es solo económico: también es de salud pública
Las motocicletas ya son el centro de la accidentalidad vial colombiana.
El RUNT reportó que Colombia cerró 2025 con más de 21 millones de vehículos activos, de los cuales 13,5 millones eran motocicletas, equivalentes al 63 % del parque automotor nacional. (runt.gov.co)
La ADRES, por su parte, informó que durante 2025 pagó más de $702.000 millones por reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito de vehículos sin SOAT, un aumento del 44 % frente al año anterior. (adres.gov.co)
Y el dato más delicado es este:
las motocicletas concentraron el 95,9 % de esas reclamaciones.
Eso significa que el problema ya no es solo individual. Terminó convertido en una carga para el sistema de salud y las finanzas públicas.
En departamentos como Casanare, donde la moto es vehículo de trabajo, transporte familiar y movilidad cotidiana, las salas de urgencias conocen bien la realidad:
fracturas, politraumatismos, incapacidades y accidentes diarios que terminan saturando la atención hospitalaria.
El riesgo político: premiar la evasión
La propuesta tiene un enorme potencial electoral porque toca directamente el bolsillo de millones de personas.
Una moto entre 100 y 200 c.c. paga hoy alrededor de $343.300 de SOAT, según tarifas de referencia de Fasecolda basadas en la Superintendencia Financiera. (fasecolda.com)
Eliminar ese gasto naturalmente genera simpatía.
Pero ahí aparece uno de los debates más complejos:
si el Estado termina pagando el SOAT, ¿qué incentivo queda para fortalecer la responsabilidad individual y la cultura ciudadana?
Porque el mensaje implícito podría terminar siendo:
- no importa evadir,
- no importa incumplir,
- no importa la accidentalidad,
- al final el Estado responde.
Y eso ocurre justamente en un contexto donde buena parte de las autoridades locales ya reconocen dificultades crecientes para controlar el comportamiento vial en muchas ciudades.
¿Justicia social o populismo electoral?
La discusión no es simple.
Es cierto que millones de colombianos dependen de la moto para trabajar, especialmente en sectores populares, rurales y de economía informal.
También es cierto que el costo del SOAT golpea fuertemente muchos hogares.
Pero otra cosa distinta es convertir esa realidad en una promesa donde el Estado asuma de manera masiva una carga multimillonaria sin resolver:
- evasión,
- accidentalidad,
- control vial,
- ni sostenibilidad financiera.
El antecedente del descuento impulsado por Petro mostró que reducir el costo no solucionó el problema de fondo.
Ahora la propuesta de Paloma Valencia va más lejos:
que el ciudadano deje de pagar completamente.
La pregunta de fondo es si Colombia necesita aliviar a los motociclistas… o si necesita reconstruir seriamente su cultura vial, fortalecer controles y evitar que la crisis termine trasladándose al bolsillo de todos los contribuyentes.
