Mientras la senadora y hoy candidata presidencial Paloma Valencia insistía públicamente en que todo era un ataque político contra su familia, el caso de los baldíos en Vichada terminó tomando un rumbo difícil de ocultar: su primo, Nicolás Laserna, terminó devolviendo más de 6.000 hectáreas recuperadas por el Estado.
El caso Buenavista, en Vichada, se ha convertido en uno de los episodios más incómodos para el uribismo en medio del debate nacional sobre reforma agraria y control de la tierra.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó 6.182 hectáreas que eran consideradas baldíos de la Nación y que estaban vinculadas a Nicolás Laserna y otros particulares. La controversia no solo gira alrededor de la ocupación de los predios, sino de cómo un juzgado terminó reconociendo derechos privados sobre esas tierras sin siquiera vincular a la ANT dentro del proceso judicial.




Ahí empieza el problema político. Porque mientras el expediente avanzaba y el Estado recuperaba el predio, Paloma Valencia salió en medios y redes a defender la legalidad de la ocupación, asegurando que su primo era un hombre honorable y denunciando una supuesta persecución contra él.
Sin embargo, el desenlace terminó siendo otro: las tierras volvieron a manos de la Nación.
El debate ya no es solo familiar: es político
El caso explotó en medio de una discusión mucho más profunda: quién debe administrar justicia sobre los conflictos agrarios en Colombia.
Sectores del Centro Democrático han cuestionado la jurisdicción agraria impulsada por el Gobierno Petro y han defendido que estos procesos continúen principalmente en manos de jueces ordinarios.
Pero el expediente Buenavista terminó mostrando justamente una de las críticas históricas al sistema: un despacho judicial habría permitido consolidar derechos privados sobre miles de hectáreas baldías sin participación de la autoridad agraria nacional.
Paradójicamente, el caso terminó convirtiéndose en argumento para quienes defienden una jurisdicción agraria especializada.
La tierra vuelve al centro del debate presidencial
La recuperación de estos predios ocurre en un momento políticamente sensible para Paloma Valencia, quien busca posicionarse como figura presidencial del uribismo.
Y aunque la senadora insistió en defender públicamente a su familiar, el hecho político terminó siendo otro: el Estado recuperó los baldíos y el caso abrió preguntas incómodas sobre tierras, poder político y justicia agraria en Colombia.
