Una investigación periodística, una tutela ganada y una respuesta oficial que ahora pone bajo la lupa tierras en Casanare. Lo que empezó como un reportaje terminó obligando al Estado a pronunciarse.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó, en un concepto técnico-jurídico emitido tras una solicitud de la organización Little Guardians Foundation, que existen indicios relevantes para profundizar el análisis sobre predios vinculados al exgobernador Josué Alirio Barrera Rodríguez y a Amanda Rocío González Rodríguez.
La respuesta no fue espontánea. Llegó después de que la Fundación, apoyada en una investigación de Casa Macondo, interpusiera una tutela para acceder a la información. La ganó. Y la ANT tuvo que responder.
De una investigación a un caso institucional
El origen de este expediente está en el periodismo. La investigación de Casa Macondo puso sobre la mesa una pregunta incómoda: si tierras que originalmente fueron baldíos terminaron concentradas en manos de figuras con poder político.
A partir de ahí, Little Guardians Foundation exigió información oficial. Ante la falta de respuesta, acudió a la justicia. El fallo obligó a la ANT a entregar el concepto que hoy abre un nuevo capítulo.
La conclusión que cambia el tono
El documento no trata todos los casos por igual. Y ahí está el primer punto clave:
“Los casos del señor JOSUÉ ALIRIO BARRERA RODRÍGUEZ y de la señora AMANDA ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ son los que (…) concentran los elementos de mayor relevancia para profundizar la actuación”.
Es decir, la Agencia identifica dónde están los indicios más fuertes.
No es la compra, es la acumulación
La ANT no cuestiona que hoy los predios sean propiedad privada. El foco es otro.
“Lo que se indaga es si se ha incurrido en una presunta acumulación de baldíos en contravención del artículo 72 de la Ley 160 de 1994”.
En otras palabras: no se investiga una compra ilegal aislada, sino un posible patrón de acumulación de tierras que originalmente eran del Estado.
El dato que pone dimensión
- La Unidad Agrícola Familiar (UAF) en esta zona de Casanare está entre 45 y 61 hectáreas.
Sin embargo, el documento advierte:
“La extensión acumulada (…) supera de manera ostensible los parámetros de la Unidad Agrícola Familiar”.
No se trata de un margen mínimo. Se trata de una diferencia significativa.
Los indicios que construyen el caso
La ANT identifica tres elementos:
- Predios con antecedente de baldío
- Convergencia en un mismo entorno patrimonial o familiar
- Extensión acumulada que excede los límites legales
Sobre Barrera:
“Indicios serios y concordantes de indebida acumulación”.
Sobre Amanda González:
“Un escenario de acumulación que reviste relevancia suficiente para justificar un estudio posterior”.
Lo que podría pasar ahora
El documento no sanciona. Pero sí traza el camino:
- Posibles procesos de nulidad
- Eventual recuperación de baldíos
“Procederá una eventual interposición de un proceso de nulidad (…) frente a los presuntos negocios que dieron origen a la acumulación”.
El punto sensible: terceros
La ANT también advierte:
- Buena fe → posible protección
- Mala fe → pérdida de derechos sobre los predios
Este caso no nació en un despacho. Nació en una investigación, pasó por los jueces y ahora está en manos del Estado.
Y pone sobre la mesa una discusión de fondo: cómo se distribuye la tierra en Colombia y qué pasa cuando los límites legales se desdibujan.
