Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) volvió a poner sobre la mesa un contrato cafetero ejecutado durante la administración de Alirio Barrera en Casanare. El documento recuerda hallazgos fiscales y disciplinarios, denuncias de campesinos por material vegetal de baja calidad y un proceso penal que aún sigue abierto en la Fiscalía.
En plena recta final de la campaña presidencial y pocos meses después de su reelección como senador del Centro Democrático, Alirio Barrera vuelve a quedar en el centro de una tormenta política y judicial.
Esta vez no se trata únicamente de los recientes señalamientos por presunta violencia sexual ni del debate por posible acumulación de predios baldíos. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, volvió a poner sobre la mesa un caso menos mediático, pero profundamente sensible para Casanare: un contrato de más de $1.600 millones adjudicado durante su administración como gobernador para establecer 100 hectáreas de café variedad Castillo en beneficio de campesinos del departamento.
El informe, titulado “Del hallazgo al archivo: las presuntas irregularidades contractuales con olor a café en Casanare”, no presenta el caso como un simple error técnico. Lo muestra como una cadena de presuntas fallas contractuales, entregas deficientes, interventoría cuestionada, hallazgos fiscales y disciplinarios, y un desenlace institucional difícil de explicar: Procuraduría y Contraloría encontraron elementos graves, pero sus actuaciones terminaron archivadas por prescripción.
El contrato del café
De acuerdo con Pares, el contrato de prestación de servicios No. 1955 de 2017 fue adjudicado por la Gobernación de Casanare, entonces en cabeza de Alirio Barrera, al Consorcio Café Casanare 2017. Su objeto era establecer 100 hectáreas de café variedad Castillo como actividad agrícola, dentro de un proyecto de fortalecimiento productivo.
El consorcio estaba integrado por tres organizaciones: CorpoAire, con el 40% de participación; la Corporación para la Investigación y el Fomento Empresarial, CEFIN, con el 30%; y la Asociación Agropecuaria y Empresarial El Diamante, con el 30%.
Hasta ahí, el expediente podría parecer uno más dentro de los programas productivos que suelen anunciarse para campesinos. Pero el problema empezó cuando los beneficiarios denunciaron que el material vegetal entregado no cumplía con las condiciones prometidas.
Plántulas pequeñas, en espuma y con dudas sobre su origen
Según el informe de Pares, campesinos receptores del proyecto denunciaron la mala calidad de las plántulas de café entregadas por el contratista.
Uno de los puntos más delicados fue que las plantas habrían sido entregadas en material de “espuma” y no en bolsa negra, como regularmente se siembran especies arbóreas. Además, los denunciantes advirtieron que ese sistema no sería recomendado por la Federación Nacional de Cafeteros.
La Contraloría también encontró inconsistencias técnicas. Según el informe citado por Pares, no existía soporte documental suficiente sobre la procedencia de las semillas. Además, las entregas no habrían cumplido las especificaciones del contrato en altura, estado e insumos.
El dato es clave: mientras el contrato exigía plantas de 50 centímetros, se habrían entregado plántulas de apenas 15 a 20 centímetros. Para los hallazgos técnicos, una planta de esa altura no estaba en capacidad de competir con la maleza, lo que comprometía su supervivencia y productividad.
A esto se suma otro hecho llamativo: las etiquetas de algunas semillas registraban fechas de vencimiento del 7, 10, 22 y 29 de diciembre de 2017, mientras el contrato había sido firmado el 15 de noviembre de ese mismo año. Es decir, el material entregado tenía un margen de caducidad cercano a un mes.
Para los campesinos, el resultado fue concreto: pérdidas, baja supervivencia del material vegetal y afectaciones directas a sus cultivos.
Un posible detrimento de $825 millones
El informe de Pares señala que la Contraloría General de la República evidenció un posible detrimento patrimonial por cerca de $825 millones, configurando un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal.
La propia Contraloría, según el documento, concluyó que se configuraba un hallazgo por más de $812 millones derivado del valor pagado al contratista y a la interventoría, por cuanto no se habría cumplido con el objeto contractual al cambiar las características técnicas de entrega del material vegetal de café.
Pero aquí aparece uno de los puntos más difíciles de entender para la ciudadanía: pese a los hallazgos, la denuncia terminó archivada.
Del hallazgo al archivo
Pares reconstruye una ruta institucional que deja más preguntas que respuestas.
El 30 de octubre de 2019, la Contraloría remitió la denuncia a la Fiscalía y a la Procuraduría, al considerar que podía tener implicaciones penales, disciplinarias y fiscales.
En febrero de 2020, la Procuraduría Regional de Casanare inició indagación preliminar. Luedo, en agosto de 2021 abrió investigación disciplinaria contra funcionarios de la Gobernación y la interventoría. En marzo de 2023 cerró la investigación y ordenó traslado para alegatos. En mayo de 2023 profirió pliego de cargos.
Sin embargo, en octubre de 2023, casi cinco meses después, la Procuraduría Regional de Casanare remitió el expediente a la Procuraduría de Juzgamiento del Meta. En noviembre de ese año, esa dependencia avocó conocimiento.
Luego vino el desenlace: en mayo de 2024, la Procuraduría de Juzgamiento del Meta archivó el proceso por prescripción.
En palabras simples: el caso no se cayó porque se hubiera demostrado que todo estaba bien. Se cayó porque los términos vencieron.
La Contraloría también terminó archivando, pese a haber identificado un hallazgo con presunta incidencia fiscal.
Los organismos de control llegaron tarde al proceso penal
El informe de Pares sostiene que actualmente existe una investigación en la Fiscalía por estos hechos. También señala que la Procuraduría y la Contraloría decidieron hacerse parte de ese proceso penal después de haber archivado sus propias actuaciones por prescripción.
Ese punto es fuerte: hicieron hallazgos disciplinarios y fiscales, pero dejaron correr el tiempo y solo por presión del denunciante se sumaron al escenario penal, luego de que sus propios procesos disciplinarios y fiscales se apagaran por vencimiento de términos.
Según Pares, el avance del caso ha sido posible en gran medida por la persistencia de campesinos afectados que decidieron denunciar, pese a las dificultades y riesgos que implica hacerlo en los territorios.
El foco político: la administración Barrera
Aunque el informe menciona contratistas e interventoría, y redes políticas regionales, el elemento central para Casanare es otro: el contrato fue adjudicado durante la Gobernación de Alirio Barrera, a través de una funcionaria a la que se delegó el poder de contratación.
Por eso el debate no puede limitarse a funcionarios secundarios o actores técnicos. La pregunta de fondo es qué responsabilidad política y administrativa tenía el entonces gobernador frente a un programa productivo que prometía fortalecer a campesinos y terminó envuelto en hallazgos por presunto incumplimiento, posibles pérdidas millonarias y archivo por prescripción.
Hasta ahora no existe vínculo penal contra Barrera que se conozca por este caso y cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes. Pero el informe de Pares llega en un momento incómodo para el senador: acaba de ser reelegido, es una figura visible del Centro Democrático y su nombre aparece nuevamente asociado a investigaciones y cuestionamientos públicos.
Los campesinos quedaron en la mitad
Más allá del pulso político, el centro humano del caso son los campesinos.
El contrato prometía fortalecer proyectos cafeteros. Lo que Pares documenta es que varios beneficiarios habrían recibido material vegetal de baja calidad, con problemas técnicos y pocas garantías de productividad.
Esa es la parte que suele perderse entre expedientes, autos, traslados y archivos: cuando un contrato productivo falla, no solo se pierde plata pública. También se golpea la confianza de las comunidades rurales que aceptan participar en programas estatales con la esperanza de mejorar sus ingresos.
Por eso este caso huele a un café amargo. Huele a promesa incumplida, a control institucional tardío y a una pregunta que sigue abierta: ¿por qué un proceso con hallazgos fiscales y disciplinarios terminó vencido antes de producir responsabilidades de fondo?
Fuente principal: Fundación Paz y Reconciliación (Pares). https://www.pares.com.co/del-hallazgo-al-archivo-las-presuntas-irregularidades-contractuales-con-olor-a-cafe-en-casanare/
