Mientras la empresa pública acumula pérdidas operando el gas en las zonas rurales más dispersas, la concesión para atender los mercados urbanos más rentables terminó extendiéndose. Un abogado reabre el debate sobre una concesión que, según el contrato original, debía ser temporal. La discusión ya no es solo jurídica: es económica, política y toca directamente el patrimonio de los casanareños.
Durante 25 años casi nadie habló del Contrato de Concesión 864 de 2000. Permaneció archivado entre cláusulas, otrosíes y documentos administrativos. Nadie parecía preguntarse si seguía cumpliendo el propósito para el que fue creado. Hasta ahora.
El abogado Alexis Bohórquez revisó el contrato, reconstruyó su historia y encontró una pregunta que terminó sacando la discusión de los escritorios para llevarla al escenario público: ¿por qué Casanare nunca recuperó uno de los negocios del gas más importantes del departamento si el propio contrato contemplaba que algún día podía volver a manos del Estado?
La pregunta parece jurídica, pero en realidad habla de dinero público. Habla de Enerca. Y habla del modelo bajo el cual el departamento decidió administrar durante un cuarto de siglo uno de sus servicios estratégicos.
La carne para unos, el hueso para otros
La frase no salió de un economista ni de un profesor universitario. La utilizaron tanto Alexis Bohórquez como la entonces gerente de Enerca, Nubia Castro, para resumir una situación que consideran desequilibrada: “Cusianagas se quedó con la carne pulpa y Enerca con el hueso.”
Traducido al lenguaje cotidiano significa algo muy sencillo. Mientras Cusianagas concentra buena parte de la operación en mercados urbanos donde existen miles de usuarios relativamente concentrados —como Aguazul, Monterrey y Villanueva—, Enerca asumió principalmente la operación del gas rural, donde un solo tramo de red puede recorrer kilómetros para atender muy pocos usuarios.
No cuesta lo mismo prestar el servicio en un barrio urbano que mantener redes en veredas alejadas de montaña o sabana. En el campo hay mayores distancias, más mantenimiento, menos usuarios por kilómetro de red y mayores costos operativos. Ese desequilibrio, según explicó Nubia Castro antes de dejar la gerencia de Enerca, ha contribuido a que la empresa pública acumule pérdidas superiores a 10.000 millones de pesos por concepto de operación y mantenimiento del sistema de gas.
La discusión, entonces, deja de ser jurídica para convertirse en una pregunta financiera y de política pública: ¿es sostenible que la empresa pública asuma la parte más costosa del servicio mientras la operación de mayor rentabilidad permanece concesionada?
El contrato contemplaba un regreso
El Contrato de Concesión 864 de 2000 entregó la operación del servicio de gas en Aguazul, Monterrey y Villanueva. Pero el documento no fue concebido para entregar indefinidamente ese negocio. Su filosofía era distinta: la concesión tendría una duración determinada y contemplaba la posibilidad de que el Departamento recuperara la operación si desarrollaba la capacidad técnica y administrativa para asumir directamente el servicio.
Veinticinco años después surge otra pregunta inevitable. Enerca fue creada hace más de 23 años, hoy administra infraestructura energética y opera el servicio de gas en buena parte del territorio rural. Entonces, ¿por qué nunca se abrió el debate sobre el regreso de esa operación al Departamento?
En lugar de eso, en agosto de 2024 se suscribió un documento aclaratorio que fijó la terminación de la concesión para septiembre de 2027. Precisamente ese documento hace parte de los cuestionamientos planteados por Bohórquez, quien sostiene que el contrato original y sus posteriores modificaciones ameritan una revisión mucho más profunda.
La discusión no incluye a todo Casanare
Uno de los errores más comunes es pensar que todo el servicio de gas del departamento hace parte de la misma concesión. No es así.
Tauramena tiene una concesión diferente, otorgada por ese municipio, por lo que no hace parte de esta discusión. Yopal tampoco está cobijado por el Contrato 864. En la capital funciona un esquema distinto, basado en la libre competencia entre operadores, aunque esa competencia tiene una limitación física: las redes.
Quien construye una red de distribución conserva la posibilidad de operar sobre esa infraestructura. Eso significa que Enerca no puede utilizar redes construidas por Cusianagas, ni Cusianagas operar sobre redes construidas por Enerca.
Sin embargo, dentro del debate aparece otra inquietud. Cuando el Estado financia nuevas redes con recursos públicos, ¿con qué criterios se define qué operador incorpora esos nuevos usuarios? Para quienes impulsan esta discusión, esa decisión también debería responder a una política pública orientada a fortalecer el patrimonio del departamento.
Un negocio que mueve miles de millones
Según el más reciente informe de vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, Cusianagas reportó ingresos por 17.833 millones de pesos durante la vigencia analizada y presta el servicio a cerca de 69.700 usuarios entre Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.
Solo el mercado denominado Casanare Sur, que comprende Aguazul, Monterrey y Villanueva, concentra una parte importante de esa operación. Son cifras que ayudan a dimensionar por qué la discusión trasciende un simple contrato administrativo. No se trata únicamente de quién presta el servicio, sino de quién administra un negocio construido, en buena medida, sobre infraestructura financiada con recursos públicos.
¿Dónde estuvo el debate político?
Quizá la pregunta más incómoda no sea para Cusianagas. Sea para Casanare.
Durante más de dos décadas pasaron varios gobernadores, diputados, gerentes de Enerca y administraciones departamentales. Sin embargo, el debate sobre el futuro de esta concesión prácticamente nunca ocupó un lugar central en la agenda pública.
Hoy la discusión la abrió un ciudadano revisando documentos. Y eso conduce inevitablemente a otra pregunta: ¿por qué un debate sobre un negocio estratégico para el departamento no nació en los escenarios donde debía hacerse control político?
Una discusión que apenas comienza
Alexis Bohórquez insiste en que el objetivo no es atacar a una empresa privada. El verdadero debate, sostiene, consiste en preguntarse si el modelo actual sigue siendo el más conveniente para Casanare.
Si la empresa pública fue creada precisamente para administrar servicios estratégicos, si durante años el departamento invirtió recursos públicos en ampliar la infraestructura y si Enerca ya desarrolló la capacidad técnica para operar, entonces la pregunta deja de ser cuándo termina un contrato.
La pregunta de fondo es otra: ¿por qué Casanare permitió que la empresa pública se quedara con el hueso mientras el negocio más rentable siguió, durante años, en manos privadas?
Hasta el momento no se escucha a los dirigentes políticos con capacidad de incidencia bien sea deasde la Asamblea Departamental o el mismo gobierno departamental. Pero otro ciudadano conocedor de estos temas, Nicasio Peña, entró a la idagación y, al parecer, la ex gerente de la empresa, Nubia Castro, quien además es miembro de los socios privados, está tentadea a hacerlo.
Ese es un debate que apenas comienza y que ya no corresponde únicamente responder a abogados. También tendrán que responderlo la Gobernación, Enerca, la Asamblea Departamental y quienes han tomado decisiones sobre el futuro del gas en Casanare durante los últimos 25 años.
