Una licitación pública por $6.336 millones para fortalecer la ganadería en Tauramena terminó en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, luego de que un ciudadano radicara un control de advertencia por posibles irregularidades en el proceso de contratación.
La alerta se produjo después de que la Alcaldía rechazara todas las observaciones formuladas al proceso LPMT-SDE-002-2026, manteniendo intacta la estructura del pliego de condiciones.
Ahora el proceso entra en el radar de los organismos de control.
La Alcaldía rechazó todas las observaciones
El pasado 10 de marzo de 2026, la Secretaría de Desarrollo Económico de Tauramena respondió formalmente las observaciones presentadas al proceso licitatorio.
La respuesta institucional fue contundente: ninguna de las observaciones fue acogida.
En el documento oficial, la administración municipal sostiene que el proceso cumple con los principios de planeación, transparencia y selección objetiva establecidos en la legislación de contratación pública.
Las observaciones rechazadas cuestionaban varios aspectos del proceso: requisitos técnicos, indicadores financieros, cambios entre el prepliego y el pliego definitivo y condiciones que, según los reclamantes, podrían afectar la pluralidad de oferentes.
Pese a estos reparos, la administración decidió no modificar los pliegos.
La advertencia llegó a la Procuraduría
Tras conocerse la respuesta oficial, un ciudadano remitió a la Procuraduría General de la Nación un documento de control de advertencia, solicitando seguimiento preventivo al proceso.
El escrito advierte que algunos requisitos incluidos en los pliegos podrían limitar la libre concurrencia de oferentes, uno de los principios centrales de la contratación estatal.
Entre los puntos señalados aparece la posibilidad de que ciertos requisitos favorezcan a proponentes que ya cumplen condiciones muy específicas dentro del municipio.
En el lenguaje común de la contratación pública, situaciones de este tipo suelen describirse como pliegos “tipo sastre”, es decir, procesos diseñados de tal forma que solo determinados proponentes puedan cumplir todos los requisitos.
Un proceso restringido a MiPymes… después de iniciado
Otro elemento que ahora genera controversia es la implementación posterior del proceso como licitación para MiPymes.
Según los documentos revisados, la restricción para pequeñas y medianas empresas habría sido introducida en una etapa posterior del proceso, lo que ha generado cuestionamientos sobre la justificación técnica de esa decisión.
En contratación pública, las reglas del proceso deben quedar definidas desde la estructuración inicial.
Cambiar las condiciones de participación durante el proceso puede alterar el equilibrio competitivo entre los posibles oferentes.
Certificados de residencia bajo cuestionamiento
Otro punto crítico señalado en las observaciones tiene que ver con la exigencia de certificados de residencia para algunos participantes del proceso.
Diversos pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han advertido que exigir residencia territorial como requisito para contratar con el Estado puede constituir una restricción indebida a la libre competencia.
La contratación pública en Colombia está regida por el principio de igualdad entre oferentes, lo que implica que cualquier empresa que cumpla los requisitos técnicos y financieros debe poder participar, independientemente de su lugar de origen.
Por esa razón, este tipo de exigencias suele ser objeto de especial revisión por parte de los organismos de control.
Un contrato altamente especializado
El contrato busca fortalecer la ganadería bovina doble propósito en pequeños y medianos productores de Tauramena.
El proyecto contempla actividades como:
• monitoreo reproductivo
• asistencia técnica predial especializada
• manejo nutricional estratégico
• acompañamiento productivo para ganadería sostenible
Se trata de un programa técnico que pretende impactar la productividad ganadera del municipio.
Por eso, el diseño de los criterios de selección resulta clave para garantizar que los mejores oferentes puedan competir.
Más de seis mil millones bajo observación
Por ahora no existe decisión disciplinaria ni judicial sobre el proceso.
Sin embargo, el hecho de que el caso haya sido puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación introduce un nuevo elemento de vigilancia institucional.
Se trata de un contrato por $6.336.980.525 en recursos públicos.
Y cuando procesos de esta magnitud comienzan a ser observados por organismos de control, el desarrollo de la licitación suele quedar bajo una lupa mucho más estricta.
Una advertencia antes de adjudicar
La advertencia presentada ante la Procuraduría ocurre cuando el proceso aún no ha sido adjudicado.
Eso significa que el debate sobre las reglas de la licitación se produce antes de que los recursos públicos sean comprometidos.
En contratación estatal, muchas irregularidades se detectan cuando los contratos ya están firmados.
En este caso, la alerta aparece mientras el proceso sigue abierto.
Son más de seis mil millones de pesos en recursos públicos.
Y en la contratación estatal, las advertencias tempranas no son acusaciones: son mecanismos para evitar que los problemas aparezcan cuando ya es demasiado tarde.
Casanare Hoy continuará vigilando el desarrollo de este proceso.
