Un fallo judicial anuló la empresa mixta de alumbrado en Paz de Ariporo. Documentos oficiales evidencian que el mismo esquema —con los mismos actores, fallas técnicas y decisiones cuestionadas— fue replicado en Trinidad, donde el caso podría ser aún más grave.
Esto dicen los documentos:
Un fallo que encendió las alarmas
La justicia administrativa ya dio el primer golpe.
La Juez Cuarta Administrativa anuló el acuerdo municipal que creó la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo, tras demandas que cuestionaron la legalidad del modelo adoptado.
La decisión no solo tumba una estructura empresarial. También abre una alerta: lo ocurrido en ese municipio podría no ser un hecho aislado.
El mismo modelo… en otro municipio
Registros de la Cámara de Comercio muestran que en Trinidad fue creada la Empresa Mixta de Alumbrado Público S.A.S., bajo una estructura que, al revisarse en detalle, reproduce casi punto por punto el modelo cuestionado judicialmente en Paz de Ariporo.
No se trata solo de similitudes administrativas.
Se repiten actores, decisiones y hasta posibles errores.
Los mismos nombres en posiciones clave
Los documentos mercantiles ubican a Rafael Tomás Escobar Morales como gerente general y a Daimer Fabián Cordero Escobar como suplente.
Pero Cordero no solo aparece en la gerencia.
También figura como suplente en la Junta Directiva, lo que lo posiciona simultáneamente en la administración y en el órgano que toma decisiones estratégicas.
Una concentración de funciones que levanta cuestionamientos sobre el control y la gobernanza del esquema.
Copia del modelo… copia de los errores
Las demandas en Paz de Ariporo señalaron fallas en estudios técnicos, estructuración financiera y soporte jurídico.
Al revisar el caso de Trinidad, aparecen los mismos elementos replicados:
el mismo consultor, el mismo socio estratégico y una estructura prácticamente calcada.
Incluso se advierte una posible restricción a la pluralidad de oferentes, pese a la existencia de empresas especializadas en el departamento.
Trinidad: el caso podría ser más grave
Aquí aparece el punto más delicado.
Los documentos indican que los estudios técnicos que debían sustentar el modelo ingresaron al municipio después de que ya se había aprobado el acuerdo que lo creaba.
Es decir: primero se tomó la decisión política y luego llegaron los estudios.
La evidencia documental lo confirma:
El Ministerio Público lo advirtió en una acción judicial: se trataría de una actuación que vulnera el principio de planeación y podría comprometer recursos públicos sin soporte técnico suficiente.
La pregunta que queda abierta
Si el modelo de Paz de Ariporo ya fue anulado por la justicia, la pregunta es inevitable:
¿Qué pasará con los municipios donde ese mismo esquema fue replicado?
Lo que muestran los documentos no es coincidencia.
Es un patrón.
La decisión judicial fue contundente:
Un modelo que entra a zona de riesgo
El caso de Paz de Ariporo marca un precedente.
Y cuando un modelo empieza a caer en los tribunales, los esquemas similares suelen seguir el mismo camino.
En Casanare, el alumbrado público ya no es solo un tema de servicio.
Empieza a convertirse en un asunto judicial.
