La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió al Tribunal para la Paz el subcaso Casanare del Caso 03, donde se juzgará a 22 comparecientes —entre militares, exfuncionarios del DAS y civiles— que reconocieron su responsabilidad por 318 asesinatos y desapariciones presentadas falsamente como bajas en combate. El proceso busca imponer Sanciones Propias orientadas a la verdad, la reparación y la no repetición, en memoria de más de 600 víctimas acreditadas.
Un paso hacia la justicia restaurativa
El departamento de Casanare protagonizó una de las páginas más dolorosas del conflicto armado colombiano: los llamados falsos positivos.
Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso decisivo al remitir al Tribunal para la Paz a 22 comparecientes —entre ellos un mayor general, 11 oficiales, seis suboficiales, un soldado, un exdirector seccional del DAS y dos civiles— que reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad plena.
Los hechos investigados corresponden a un patrón macrocriminal que dejó al menos 318 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate entre 2005 y 2008.
La cifra de víctimas acreditadas ante la JEP en el Subcaso Casanare asciende hoy a 612 personas.
El paso del reconocimiento al juicio
La decisión hace parte de la Resolución de Conclusiones del Subcaso Casanare, dentro del Caso 03 —“asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate”—.
Con esta resolución, el proceso entra en una nueva fase: la etapa de juicio ante el Tribunal para la Paz, que culminará con la sentencia y la imposición de Sanciones Propias a los responsables que cumplieron con los requisitos de verdad completa, detallada y contrastada.
Entre los postulados figuran mandos que tuvieron cargos clave en la Brigada XVI del Ejército Nacional, el GAULA Casanare y el Batallón Ramón Nonato Pérez (BIRNO), así como un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles que sirvieron como falsos informantes.
La JEP determinó que todos ellos formaron parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para ejecutar crímenes y encubrirlos bajo apariencia de legalidad.
Cómo operó la red criminal
La investigación de la JEP reveló que las víctimas fueron campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres y hasta personas con discapacidad cognitiva.
Eran engañados o capturados, asesinados y luego reportados como guerrilleros dados de baja en combate, en medio de un sistema de presiones internas y recompensas institucionales que daba premios a los “resultados operacionales”.
Durante esos años, la Brigada XVI alcanzó los primeros lugares en el ranking de bajas del país, impulsada por cuotas de resultados, competencia entre unidades y premios como permisos, cursos y ascensos.
Incluso, recursos destinados a la lucha contra el secuestro y la extorsión —como los del fondo Fondelibertad— eran usados para financiar estas operaciones ilegales.
La práctica se extendió a zonas rurales y urbanas de Yopal, Aguazul y municipios vecinos. En algunos casos, las víctimas fueron trasladadas desde otros departamentos con falsas promesas de empleo.
“Lo que pasó fue una masacre contra el pueblo casanareño”, reconoció uno de los exintegrantes del BIRNO ante la JEP.
Las víctimas, el centro del proceso
El subcaso Casanare comenzó con apenas 20 víctimas acreditadas, pero a medida que avanzó la investigación y creció la confianza en la justicia transicional, más de 600 personas decidieron participar.
La JEP facilitó encuentros privados entre víctimas y comparecientes, acompañados por equipos psicosociales, en los que se reconstruyeron las últimas horas de vida de los asesinados, se aclararon rutas de traslado y modus operandi, y se recogieron verdades omitidas por la justicia ordinaria.
Varias familias solicitaron además que el Ministerio de Defensa retire las medallas entregadas a militares por “éxitos operacionales” que en realidad correspondían a crímenes.
La JEP respaldó esta petición e instó al Gobierno nacional a iniciar los procesos administrativos correspondientes.
Cuatro proyectos restaurativos en marcha
Fruto del proceso de reconocimiento y del trabajo conjunto entre víctimas, comparecientes y autoridades locales, la JEP validó cuatro proyectos restaurativos que podrían convertirse en las Sanciones Propias para los responsables:
- Parque Memoria y Paz (Yopal): espacio público conmemorativo y pedagógico para honrar a las víctimas y promover la reconciliación.
- Universidad de la Memoria y la Justicia: centro académico impulsado por la Asociación Casa Paz para la formación y reflexión sobre derechos humanos.
- Homenaje al Campesino por su Valor y Dignidad: monumento y actividades culturales para reconocer la resistencia rural frente al conflicto.
- Búsqueda de Personas Desaparecidas: proyecto articulado con la Unidad de Búsqueda (UBPD) para localizar, identificar y entregar dignamente a las víctimas.
Estos proyectos surgieron de la mesa de articulación institucional conformada por la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la JEP, la ONU y organizaciones de víctimas.
¿Qué sigue ahora?
El Tribunal para la Paz revisará el expediente y decidirá si asume competencia para emitir sentencia y Sanciones Propias, que no implican cárcel, pero sí restricciones de libertad y obligaciones concretas de reparación y memoria supervisadas por la JEP y Naciones Unidas.
Mientras tanto, el subcaso Casanare se consolida como uno de los procesos más avanzados y simbólicos de justicia restaurativa en Colombia, no solo por su rigor judicial, sino porque ha permitido restituir la dignidad de quienes fueron injustamente señalados como enemigos del Estado.
Una verdad que duele, pero repara
Más allá de los números, el subcaso Casanare muestra que la verdad sí puede abrir caminos de reparación.
Para los familiares, este proceso no devuelve la vida, pero devuelve el nombre, la historia y la humanidad de quienes fueron asesinados injustamente.
Para las Fuerzas Militares, representa la oportunidad de reconstruir la confianza ciudadana separando la misión constitucional de la corrupción y el horror que marcaron una época.
“No eran bajas en combate: eran nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos. La verdad duele, pero es necesaria para que nunca más vuelva a ocurrir.”
