El retiro de servicios públicos realizado este 26 de noviembre en Cimarrón y Villa Rita no surge de un operativo aislado. Es el punto crítico de un conflicto urbano que comenzó hace casi dos décadas y que terminó duplicándose: familias que nunca dejaron los asentamientos, permanencias irregulares dentro de ellos y viviendas de Villa David que quedaron vacías, facilitando invasiones de terceros. Lo que debía ser una solución se convirtió en un nuevo problema.
Un conflicto que creció por dos caminos
Mientras el municipio construía la urbanización Villa David para reubicar a los hogares censados, varias de esas viviendas no fueron ocupadas por sus beneficiarios. Las casas vacías quedaron expuestas a invasiones y deterioro.
Al mismo tiempo, en Cimarrón y Villa Rita se presentaron ventas informales, arriendos o cesiones irregulares de viviendas improvisadas, permitiendo la llegada constante de nuevos ocupantes. Los asentamientos siguieron creciendo y la reubicación quedó incompleta.
Una historia judicial que se prolonga desde 2006
A través de una acción popular presentada en 2006, se alertó sobre los riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad aérea en Cimarrón y Villa Rita. En 2009 y 2010, las sentencias ordenaron reubicar a las familias, prohibir nuevas ocupaciones y mantener servicios públicos solo mientras se ejecutaba el traslado.
El Municipio respondió con la construcción de Villa David, pero las reubicaciones fueron parciales. Algunos no se mudaron, otros permitieron el ingreso de más familias en los asentamientos, y las casas nuevas se mezclaron entre ocupación formal, abandono e invasiones.
La orden judicial que desencadenó el operativo
En 2025, el juez del caso determinó que mantener servicios públicos en Cimarrón y Villa Rita no solo prolongaba la ocupación en zona prohibida, sino que estimulaba nuevas permanencias y crecimiento informal. Ordenó suspender agua, energía, gas y alcantarillado, y dejar sin efecto las medidas transitorias que por años permitieron que los asentamientos continuaran funcionando.
Un amanecer de protestas, incertidumbre y casas cerradas
Desde las primeras horas del 26 de noviembre, técnicos y policías ingresaron a Cimarrón y Villa Rita para retirar el agua potable. Más de 80 viviendas quedaron sin servicio durante la jornada. Algunas personas protestaron alegando falta de acompañamiento social; otras denunciaron que las casas asignadas en Villa David no están disponibles porque hoy están ocupadas por terceros.
La tensión no derivó en enfrentamientos graves, pero dejó a la vista un tejido social fragmentado y múltiples historias sin resolver.
Villa David: la solución que abrió otro frente
El proyecto de vivienda destinado a cerrar el ciclo del asentamiento terminó afectado por la ausencia de ocupación de parte de los beneficiarios. Las casas vacías fueron invadidas y el entorno se deterioró. Hoy, Villa David requiere recuperación física, depuración de listados y control territorial, mientras Cimarrón y Villa Rita permanecen en fase de desmonte.
Lo que viene para Yopal
El retiro de servicios marca el inicio de una etapa compleja. La ciudad deberá resolver la reubicación de familias en condición de vulnerabilidad, depurar quiénes son beneficiarios reales, recuperar Villa David, manejar nuevas invasiones y evitar que el conflicto se desplace a otros puntos del municipio.
Para la comunidad afectada, el momento es incierto. Para las autoridades, es la ejecución tardía de una orden judicial. Para Yopal, es el desafío de enfrentar casi veinte años de informalidad urbana nunca resuelta.
Casanare Hoy – con César Colmenares
