El Tribunal Administrativo de Casanare ordenó a ANI y al concesionario responder por los riesgos que han cobrado vidas y siguen amenazando a los usuarios. La demanda denuncia fallas estructurales y de diseño en la Ruta 6512. No es solo señalización.
El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la Acción Popular presentada por el concejal de Yopal, Jorge Leonardo Infante Tovar, y el ciudadano Oromairo Avella Ballesteros, contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Covioriente S.A.S.
La decisión se da tras años de denuncias ciudadanas sobre la inseguridad en el ingreso a la capital casanareña por la Ruta Nacional 6512, conocida como la Marginal del Llano
La vía de la muerte en cifras
La glorieta ubicada en el PR 100+320, construida como parte del contrato de concesión 010 de 2015 y modificada en el Otrosí 5 de 2020, debía conectar la vía nacional con las calles 50 y 30 de Yopal. Sin embargo, los diseños geométricos defectuosos han convertido este punto en un foco de tragedias:
- En diciembre de 2022, un bus de la empresa Libertadores se accidentó allí, causando la muerte de tres personas.
- Entre el 20 y 23 de mayo de 2025, se registraron dos accidentes más, uno con dos heridos y otro con un conductor de carga gravemente lesionado
Informe oficial confirma fallas
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tras una auditoría solicitada por la Secretaría de Movilidad de Yopal, confirmó fallas graves en el diseño geométrico, ausencia de señalización adecuada, obstáculos fijos, deficiencias en sistemas de contención y carencia de pasos peatonales seguros. El informe advierte que la glorieta y sus accesos representan un riesgo inminente para la vida
La renuencia de ANI y Covioriente
Pese a las alertas, Covioriente se limitó a señalar que la glorieta cumplía con el Manual de Señalización de 2015, desconociendo que este fue actualizado en 2024. La ANI, por su parte, remitió las solicitudes ciudadanas al concesionario, eludiendo su responsabilidad directa
Lo que ordena el Tribunal
Con la admisión de la acción, la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz ordenó notificar a ANI y a Covioriente, comunicar la demanda a la comunidad y correr traslado para que las entidades respondan en un plazo de 10 días
Los accionantes buscan que se declare la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles y al acceso eficiente a los servicios públicos, y que se ordene a ANI y Covioriente implementar medidas correctivas inmediatas, realizar nuevos estudios de diseño y ejecutar obras que garanticen la seguridad de los usuarios
Lo que está en juego
El caso no es menor: se trata del ingreso principal a Yopal, una obra de 2,9 billones de pesos que debía mejorar la movilidad regional, pero que hoy carga con el peso de accidentes fatales, heridos y la indignación de una comunidad que reclama justicia vial
La decisión del Tribunal abre la puerta a que, por primera vez en este tramo, la justicia obligue al Estado y al concesionario a corregir lo que las familias de las víctimas ya conocen de sobra: que una vía mal diseñada puede costar vidas.
