Han pasado 18 años desde aquel 22 de abril de 2007, cuando Ernesto Cruz Guevara fue asesinado y presentado como baja en combate en Labranzagrande, Boyacá. Ese mismo año, en Aguazul, Casanare, José Holman Rodríguez corrió la misma suerte. Sus nombres quedaron atrapados en la oscura estadística de los llamados “falsos positivos”, pero este 3 de septiembre de 2025 la historia empezó a girar hacia otro lado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció, por primera vez, la aplicación de beneficios jurídicos transicionales a cuatro comparecientes —dos militares retirados y dos exagentes del extinto DAS— que confesaron su responsabilidad, entregaron verdad detallada y pidieron perdón a las familias de las víctimas.
La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas marca un precedente:
- Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena (SCEP)
- Extinción de Responsabilidad y Sanciones (ERYS)
- Renuncia a la Persecución Penal (RPP)
Son nombres fríos para una apuesta de fondo: que aportar verdad plena y reconocer el daño sí vale la pena.
“Con mi mano en el corazón, pido perdón”
Durante el proceso, Pedro Antonio Sarmiento Becerra, exagente del DAS, pronunció palabras que estremecieron la sala:
“En honor a la verdad, con mi mano en el corazón, con profundo dolor en mi alma y con la incesante búsqueda de su perdón, presento mi responsabilidad en el lamentable suceso que conllevó al terrible desenlace de aquel fatídico 22 de abril de 2007.”
No es una frase menor. La JEP verificó que las confesiones superaron lo conocido hasta ahora: revelaron informes falsos, escenas del crimen alteradas y una estrategia de inteligencia ilegítima que señalaba a civiles inocentes como colaboradores de la guerrilla. Así fue como se fabricaron combates ficticios en zonas rurales de Casanare.
Una justicia que restaura, no que esconde
Los beneficiados —el mayor (r) Jorge Alexander Gómez Bernal, el cabo primero (r) Nelson Vladimir Hernández Cárdenas, y los exagentes del DAS Jaime Alexander Romero Vargas y Pedro Antonio Sarmiento Becerra— no fueron considerados máximos responsables. Pero eso no los libera de una obligación:
- Participar en la segunda fase del proyecto “Camino de la Memoria”,
- Reconocer públicamente a las víctimas como inocentes,
- Instalar una placa en Aguazul con sus nombres,
- Pedir perdón a las familias y a Casanare, de frente y sin uniformes.
Además, el Ministerio de Defensa deberá impedir su reincorporación a la fuerza pública y el Ejército Nacional transmitirá un mensaje público de reconocimiento y perdón en su emisora.
La memoria que no prescribe
La magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina y el magistrado Carlos Alberto Suárez López, de la Subsala Casanare, recordaron que estos beneficios se pierden si los comparecientes incumplen con la verdad, la reparación o las condiciones impuestas.
La decisión también ordenó investigar a otros posibles implicados y verificar la inclusión de las familias en el Registro Único de Víctimas. Porque la verdad no se agota con cuatro confesiones.
Por qué es histórico
- Primera vez que la JEP concede SCEP y ERYS en un caso de falsos positivos.
- 144 comparecientes de la Fuerza Pública han recibido resolución jurídica definitiva, pero este caso inaugura un camino de justicia restaurativa más profundo.
- La verdad detallada reveló patrones de criminalidad antes ocultos: montaje de combates, estigmatización de campesinos, informes falsos.
- La reparación simbólica será pública: en Aguazul, con la comunidad, con nombres, con memoria.
Una justicia que mira de frente
Este no es el cierre de un caso, sino un cambio de lógica: la JEP no busca solo castigar, sino revelar la verdad completa para que las víctimas dejen de ser cifras y recuperen su humanidad ante la historia.
Por eso, en Aguazul, cuando se instale esa placa y las familias escuchen el perdón público, el eco será mayor que el de cualquier sentencia: será la certeza de que la verdad, aunque tardía, tiene sentido cuando se dice con el corazón y ante la sociedad entera.
