En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, César Ortiz Zorro reiteró su propuesta de establecer un “Fondo de Estabilización de Precios del Arroz”, reconociendo que esta medida podría ser la clave para resolver la profunda crisis que enfrenta la producción arrocera.
Durante su intervención, Ortiz Zorro, quien se erigió como portavoz de los 16,500 arroceros del país, destacó la posición privilegiada de Casanare como el principal productor de arroz en Colombia. Con una firme voz, conminó al Gobierno nacional para que promulgue un decreto presidencial que asegure que el precio que reciben los agricultores supere de manera constante los costos de producción. Esta iniciativa, según explicó, se basa en un proyecto de ley que había presentado en su paso por la Cámara y que ahora cuenta con el respaldo de un amplio colectivo que incluye a agricultores, gobernadores de regiones productoras y la Federación Nacional de Departamentos.
Adicionalmente, el gobernador lideró una carta conjunta firmada por 22 mandatarios departamentales, que fue enviada al presidente Gustavo Petro, donde se manifiesta la creciente preocupación por la crisis que afecta el sector arrocero. Los gobernadores señalaron que la caída de los precios del arroz tiene repercusiones económicas y sociales significativas en sus regiones, amenazando la estabilidad de la cadena productiva, así como el empleo rural y el progreso en el ámbito agroindustrial.
De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el arroz representa el 2.92% del PIB agropecuario y el 2.4% en su transformación agroindustrial. Sin embargo, la dramática caída en el precio por tonelada, que ha decrecido casi un 20% en comparación con 2024 y un 30% respecto a 2023, ha puesto en jaque la rentabilidad del sector. Esta situación afecta a 25,000 unidades productivas rurales y genera incertidumbre para más de 441,700 empleos directos.
Los gobernadores también manifestaron su inquietud sobre la posibilidad de que esta crisis económica conduzca a un aumento de la violencia y el surgimiento de economías ilegales, dado que grupos armados podrían aprovecharse de la inestabilidad en los territorios.
Con el objetivo de mitigar la crisis, los mandatarios departamentales presentaron un conjunto de nueve propuestas concretas:
1. Reactivar los incentivos de almacenamiento para proporcionar estabilidad a los productores de cara a la cosecha de 2025.
2. Instaurar el “Fondo de Estabilización de Precios para el Arroz Paddy” mediante un decreto presidencial, garantizando un precio mínimo de $220,000 por carga.
3. Incrementar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer los fondos de fomento agropecuario y estabilización de precios.
4. Crear líneas de crédito flexibles, adaptando la clasificación crediticia de los agricultores para facilitar el acceso a incentivos.
5. Incluir financiamiento para mejorar la infraestructura de almacenamiento y secado del arroz.
6. Regulación de las importaciones y establecimiento de aranceles temporales o salvaguardas para proteger la producción nacional.
7. Revaluar los Tratados de Libre Comercio en vigor, especialmente el acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), para evitar efectos adversos en el sector.
8. Intervenir en el oligopolio de la industria molinera para prevenir la especulación en los precios del arroz.
9. Priorizar la mejora y mantenimiento de las vías estratégicas para el transporte agropecuario.
El gobernador Ortiz Zorro subrayó la urgencia de implementar tanto soluciones rápidas como estructurales para el sector arrocero, advirtiendo que “aunque los problemas son de raíz, hay necesidad de respuestas inmediatas para impedir la quiebra de miles de productores y la pérdida de cientos de miles de empleos”.
Finalmente, puso de relieve que, de no tomarse medidas con prontitud, la crisis del arroz podría acarrear gravísimas consecuencias sociales y económicas. “El sector arrocero genera más de 40,000 empleos en Casanare y es una de las principales economías de la región. Si no actuamos, se abrirá la puerta a los cultivos ilícitos y a la violencia”, concluyó el gobernador.
