Un concepto contundente de la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Casanare califica como “un claro atentado a la moralidad administrativa” el convenio suscrito por la Alcaldía de Yopal con ASOSUPRO en la administración de Luis Eduardo Castro.
El pronunciamiento se da dentro de la Acción Popular interpuesta por el concejal de Yopal, Leonardo Infante, contra un convenio entre estas dos entidades. En caso de que el Tribunal Administrativo de Casanare acoja esta tesis y falle en concordancia, tendría impacto no solo en Yopal, sino que abre la puerta a una revisión exhaustiva de prácticas contractuales con los recursos de Regalías en todo el país.
Una asociación ajena al municipio
El Convenio 1001.84.1668-2022, firmado por el alcalde Luis Eduardo Castro, entregó a ASOSUPRO obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Sin embargo, Yopal no es miembro de esa asociación, creada para prestar servicios a municipios afiliados. Además, no se abrió licitación pública y ASOSUPRO subcontrató obras sin invertir un peso, cuestionando la transparencia y competitividad del proceso.
La Procuraduría habla y alerta a la nación
El concepto destaca que se violaron derechos colectivos fundamentales: moralidad administrativa, patrimonio público y acceso a servicios básicos. Exige cancelar inmediatamente el convenio, reintegrar tributos omitidos y remitir copias al Ministerio Público, Fiscalía y Contraloría para investigar responsabilidades ─tanto fiscales, disciplinarias como penales─.
Además, señala que ASOSUPRO actuó como intermediario innecesario.
Daños sociales: Quitaron plata a la comunidad
No solo se habla de cifras. El concepto destaca que, al eludir estampillas como Pro-Cultura, Pro-Deporte y Adulto Mayor, Yopal perdió fondos clave para programas sociales. La Procuraduría proyecta que el daño afecta a los más vulnerables y que este tipo de prácticas erosiona la legitimidad del Estado ante los ciudadanos.
Contexto nacional: Modificaron el Sistema de Regalías e hicieron fiesta
El origen de esta corrupción se dio con la Modificación del Sistema General de Regalías con el ánimo inicial de hacer más justicia con las zonas productoras.
Sin embargo, el Gobierno Nacional -bajo la administración del presidente Iván Duque- y el Congreso de la República, introdujeron un monstruo que botó a la caneca de la basura toda la normatividad de transparencia en la contratación pública.
Se trata de la Ley 2056 de 2020, mediante la cual ha hecho carrera la contratación de los recursos de regalías vía asignación de una entidad ejecutora, esta última escogida de una base de datos que gentilmente ofrece el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP).
El mecanismo contempla que una vez surtido el trámite de aprobación de determinado proyecto en el Órgano Colegiado de Administración Directa OCAD, la entidad territorial beneficiaria puede escoger una de las entidades ejecutoras allí registradas.
En palabras más sencillas, esto qué quiere decir: hecha la Ley, hecha la trampa. Ahora bien, esto no quiere decir que sea ilegal pero sí inconveniente, dudoso, sombrío.
Se trata de los fondos mixtos, las sociedades de economía mixta y las entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado.
Estas son las denominadas entidades descentralizadas indirectas, surgen por la voluntad asociativa de los entes públicos entre sí o con la intervención de particulares, y gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las corporaciones y fundaciones privadas.
¿Y por qué la preocupación? Pues porque los mandatarios que han pasado han acudido gustosos a esta figura.
Actores de estos entornos explican que el mandatario de turno expone que la urgencia de ejecución le hace acudir a esta figura, pero realmente, en la práctica, le conviene a sus intereses.
Así las cosas, dialoga previamente con los fondos, estos le ofrecen algo tentador: Un maletín con dinero de comisión y la imposición del “contratista amigo” que se va a ganar la convocatoria que hará dicha asociación para ejecutar la obra.
Conclusión: un reto urgente para los entes de control
Este concepto de la Procuraduría no solo cuestiona un convenio local, sino que exige una actitud preventiva de parte de Procuraduría General, Contraloría y Fiscalía, para frenar estas prácticas antes de que se vuelvan estructurales. Yopal necesita respuestas claras: ¿se suspenderá el convenio? ¿Se recuperará el dinero omitido? Más aún: ¿se actuará para evitar que este tipo de figuras sigan poniendo en riesgo las finanzas y la moral pública del país?
Siguiente paso
- Tribunal Administrativo: definir si acoge las recomendaciones y suspende el convenio.
- Escena nacional: si lo hace, será un precedente que marcaría un cambio serio en la contratación pública.
Este es un llamado urgente: implantemos control real y acabemos con las “colas” jurídicas que permiten que lo público termine en manos de privados sin vigilancia ciudadana.
