La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que Villarraga negó los patrones criminales de encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales. Su expediente fue remitido a la Comisión de Acusación del Congreso
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento del exmagistrado Henry Villarraga Oliveros, por no aportar verdad plena y por presentar un relato considerado exculpatorio e incompleto frente a su presunto papel en el encubrimiento de crímenes cometidos por la fuerza pública durante el conflicto armado.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Villarraga negó la existencia de patrones macrocriminales ya acreditados en procesos judiciales sobre los llamados “falsos positivos” y se limitó a justificar su tesis jurídica de trasladar casos de militares a la Justicia Penal Militar para “evitar sesgos ideológicos” de la Fiscalía.
La JEP consideró que esa postura no constituye aporte alguno a la verdad ni contribuye a esclarecer el funcionamiento de estructuras de impunidad.
De magistrado en Bogotá a asesor en Casanare
Antes de su paso por la Judicatura, Villarraga tuvo un breve desempeño en Casanare.
En 2008, fue jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Casanare, durante los primeros cinco meses de la administración del exgobernador Raúl Flórez, del partido de La U, quien posteriormente fue destituido por la Procuraduría por irregularidades contractuales.
Villarraga también enfrentó un debate político en la Asamblea Departamental, donde se le cuestionaron al menos dos contratos firmados durante su gestión.
La decisión de la JEP
La Resolución 3585 del 7 de noviembre de 2025 advierte que Villarraga omitió hechos relevantes sobre su rol en las gestiones jurídicas a favor del coronel (r) Robinson González del Río, implicado en múltiples ejecuciones extrajudiciales.
“Resultaría un desgaste injustificado del aparato de justicia transicional requerir nuevamente al solicitante para que aporte verdad”, señala el documento, recordando que el exmagistrado tuvo varias oportunidades previas para hacerlo.
La JEP enfatizó además que el trámite de sometimiento no puede convertirse en escenario para reproducir debates de la justicia ordinaria, y rechazó sus “discursos estigmatizantes y desobligantes” contra víctimas e instituciones como la Fiscalía.
El expediente fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursan procesos penal y disciplinario en su contra.
