La Procuraduría General de la Nación verificó el avance del proceso para la creación de una sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el norte de Casanare, con sede proyectada en Paz de Ariporo.
El encuentro se desarrolló como parte del seguimiento a la medida cautelar 098 de 2020, relacionada con el resguardo indígena Caño Mochuelo y los compromisos interinstitucionales para mejorar la atención a las comunidades de la región.
Un proyecto esperado por el norte de Casanare
La instalación de esta nueva sede busca ampliar la cobertura de atención forense y fortalecer la respuesta institucional ante casos de violencia sexual, lesiones y muertes en zonas apartadas del departamento.
El espacio de trabajo contó con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Secretaría de Salud de Casanare, Red Salud Casanare E.S.E., la Fiscalía Seccional, y los alcaldes de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Támara, La Salina, Sácama y Pore, entre otras entidades.
Acciones y compromisos concretos
Como resultado de la mesa de seguimiento, se acordaron varias acciones inmediatas:
- Medicina Legal realizará una visita técnica a la infraestructura dispuesta en Paz de Ariporo para emitir concepto de viabilidad operativa.
- La Dirección Seccional capacitará al médico del Servicio Social Obligatorio en Yopal y gestionará la autorización de un médico forense y un auxiliar para la nueva sede.
- La Secretaría de Salud Departamental apoyará con un médico clínico durante cuatro meses para atender víctimas de violencia no forense.
La sede beneficiará a más de 60.000 habitantes del norte de Casanare, incluyendo catorce comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wamonae, Sikuani, Sáliba, Piapoco, Yamalero, Yaruro, Maiben Masiware, Waupijiwi, Amorúa y Tsirupu, que integran el resguardo Caño Mochuelo.
Hacia una atención más humana y oportuna
La Procuraduría anunció que continuará acompañando el proceso y realizando seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades, con el fin de garantizar atención oportuna y especializada a las víctimas, y mejorar la calidad de vida de las comunidades del norte de Casanare.
