La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no aceptar el sometimiento de Gilmer Silva Oropeza, exintegrante del Ejército señalado por su presunta participación en los hechos de la vereda Yopalosa (Yopal, Casanare), ocurridos en agosto de 2007 y vinculados al patrón de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
El caso se relaciona con el asesinato de Ricardo Vargas Izquierdo y el intento de homicidio de su primo Florentino Vargas, quien sobrevivió y denunció que ambos fueron engañados con una supuesta transacción de armas y luego entregados a hombres armados que los llevaron hasta zona rural, donde Ricardo fue ejecutado y presentado como baja en combate.
El hombre que quiso decir la verdad… pero ya había sido absuelto
Gilmer Silva Oropeza manifestó en febrero de 2025 su intención de someterse voluntariamente a la JEP, aceptando su papel como reclutador de las víctimas y revelando supuestos vínculos con miembros del extinto Gaula Casanare, quienes habrían participado en la operación irregular.
Sin embargo, la jurisdicción especial concluyó que no tenía competencia para admitirlo, porque Silva ya había sido absuelto por la justicia ordinaria.
El Tribunal Superior de Yopal, mediante fallo del 27 de agosto de 2010, lo absolvió de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas; decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2013, al resolver no casar la sentencia.
Paradójicamente, esa absolución —que en su momento lo liberó de responsabilidad penal— ahora se convirtió en un obstáculo: la JEP explicó que no puede volver a juzgar a una persona por los mismos hechos, incluso si hoy decide reconocer su participación y aportar verdad.
“Falsos positivos” en Casanare: un patrón reconocido por la JEP
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP recordó que los hechos de Yopalosa hacen parte del subcaso Casanare, dentro del macrocaso sobre “asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado”.
Según la Resolución 005 del 8 de octubre de 2025, estos crímenes se caracterizaron por el uso del engaño para reclutar víctimas vulnerables, entregarlas a la fuerza pública o al DAS, y luego simular combates mediante alteración de escenas y manipulación de cuerpos, todo con el fin de mostrar resultados operacionales falsos.
Testimonios que aún importan
Aunque la JEP no admitió su sometimiento, ordenó remitir a la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia las versiones voluntarias de Gilmer Silva y de otros exintegrantes del Gaula Casanare —el mayor en retiro Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el cabo segundo en retiro Luis Eduardo Pereira Avilés—, quienes narraron detalles sobre la retención y asesinato de las víctimas en Yopalosa.
Estos testimonios, según la resolución, podrían aportar nuevos elementos para procesos disciplinarios o penales pendientes en la justicia ordinaria.
Un caso que muestra las grietas entre dos sistemas de justicia
El fallo deja al descubierto un vacío jurídico: Silva Oropeza quiso someterse a la JEP, reconocer su participación y aportar verdad, pero el sistema transicional no puede reabrir casos donde ya existe una absolución definitiva.
En la práctica, su intención de colaborar terminó reviviendo un caso cerrado, que ahora volverá a la órbita de la justicia ordinaria con sus nuevas declaraciones en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema.
