La historia del 28 de noviembre de 2024, cuando la Asamblea Departamental se enredó en una ráfaga de recusaciones e impedimentos durante la elección de su secretario general, vuelve a estallar.
Esta vez, por una demanda de pérdida de investidura contra el diputado Luis Alejandro López Ríos (2024–2027), acusado de actuar como “juez y parte”.
El mismo error ya costó una curul y la nulidad del nombramiento del secretario. Otros dos diputados podrían seguir el mismo camino.
La plenaria que partió la historia en dos
El 28 de noviembre de 2024 debía ser una sesión rutinaria: elegir al secretario general de la Asamblea para 2025.
Pero terminó convertida en el episodio más caótico y costoso en la historia reciente del cabildo departamental.
Ese día, entre discusiones políticas, varios diputados recusaron a sus propios colegas y luego votaron esas recusaciones, desatando un laberinto jurídico que hoy sigue cobrándose víctimas.
A partir de esa sesión:
- El Tribunal Administrativo anuló la elección del secretario general Wilmer Vega.
- El diputado Wilder Ávila perdió su investidura por ser “juez y parte”.
- Ahora, el diputado Alejandro López Ríos enfrenta una demanda similar.
- Y los diputados Jorge García y Juan Fernando Mancipe podrían correr la misma suerte si se presentan acciones en su contra.
Solo una se ha salvado —por ahora—: la diputada Marisela Duarte, exonerada en primera instancia por desconocimiento del procedimiento, pero con el fallo apelado ante el Consejo de Estado.
López Ríos, el nuevo capítulo de la crisis
La demanda, presentada por María Suleida Jiménez, solicita la pérdida de investidura de Alejandro López Ríos, integrante del Partido Liberal y parte de la minoría gobiernista que apoya al gobernador César Ortiz Zorro.
Se le acusa de haber radicado una recusación contra un colega y votado en el debate de esa misma recusación durante la sesión 082, es decir, el mismo 28 de noviembre de 2024.
En términos simples: si un diputado promueve una recusación, no puede decidir sobre ella.
El hacerlo, según la parte actora, rompe la imparcialidad y configura violación del régimen de conflicto de intereses, causal directa de pérdida de investidura.
El precedente no juega a su favor: el 3 de septiembre pasado, el Tribunal declaró la pérdida de investidura de Wilder Ávila por exactamente el mismo motivo.
Ese fallo señaló que el diputado actuó como “juez y parte”, vulnerando los principios de ética pública y deliberación justa.
Efecto dominó en la Asamblea
La llamada “plenaria maldita” no solo dejó un secretario anulado y un diputado destituido: puso en riesgo el equilibrio político del recinto.
Cada nuevo proceso judicial aumenta la tensión entre los dos bandos en la Asamblea —la mayoría opositora y la minoría gobiernista— y amenaza con alterar la correlación de fuerzas justo antes de la elección del contralor departamental, la “joya de la corona” del control fiscal en Casanare.
En los corrillos políticos se comenta, además, que Alejandro López estaría evaluando una aspiración a la Cámara de Representantes, lo que hace más delicado el proceso: una sanción de pérdida de investidura lo inhabilitaría de inmediato.
Duarte, la única que sobrevivió (por ahora)
El caso de la diputada Marisela Duarte marcó el único precedente favorable dentro de esta cadena de errores.
Aunque también votó una recusación que la involucraba, el Tribunal consideró que no actuó con dolo ni interés propio, sino por desconocimiento de las reglas internas.
Su salvación fue más una advertencia que una absolución: el fallo está en apelación ante el Consejo de Estado, y su destino podría cambiar.
El saldo del 28 de noviembre
Un secretario anulado, un diputado destituido, otro demandado, dos bajo sospecha y una apelación en curso:
el 28 de noviembre de 2024 ya es recordado como la plenaria que casi desmantela la Asamblea Departamental de Casanare.
Lo que parecía un trámite administrativo se convirtió en un símbolo del desorden institucional y la improvisación política.
Una sola sesión, llena de errores y pasiones, sigue tumbando fichas un año después.
