Una demanda ante el Consejo de Estado acusa al representante casanareño Hugo Archila de destinar indebidamente recursos públicos al contratar en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a personas cercanas a su abogado, Hollman Ibáñez Parra, mientras parte del equipo trabajaría —según el expediente— lejos de Bogotá y de Casanare. El congresista responde que se trata de una “persecución política”, pero no aborda los hechos de fondo.
La acusación: indebida destinación de dineros públicos
La solicitud, presentada por Oromairo Avella Ballesteros, dirigente del mismo Partido Liberal, invoca la causal del artículo 183.4 de la Constitución (“indebida destinación de dineros públicos”) y pide que se declare la pérdida de investidura del representante Archila (2022–2026).
El relato central sostiene que Archila habría usado su amplia discrecionalidad sobre la nómina de la UTL para certificar labores no realizadas y, de forma encubierta, dirigir salarios hacia el pago de los servicios de su abogado particular, Hollman Ibáñez Parra.
El supuesto engranaje: UTL y defensa jurídica
El expediente incluye poderes otorgados por Archila a Ibáñez en procesos judiciales de 2022 y 2023, lo que confirma su vínculo profesional.
El demandante asegura que ni el congresista ni su apoderado han explicado cómo se financiaron esos honorarios, y plantea que los pagos se habrían cubierto mediante los sueldos de funcionarios de la UTL con vínculos familiares o geográficos con el abogado.
Casos que prenden alertas en la UTL
1) Belisario José Orozco Becerra (Valledupar, Cesar).
Estuvo siete meses en la UTL (Asistente III) y solo registra un ingreso al Congreso el 13 de marzo de 2023.
La demanda resalta que es cuñado del abogado Hollman Ibáñez Parra, ya que este está casado con Roselín Orozco Becerra, hermana de Belisario.
El texto sostiene que esta relación permitió “encubrir la destinación indebida de recursos públicos”, pues Orozco devengó salarios sin vínculo funcional ni territorial con Casanare, y su contratación habría servido para financiar de forma indirecta los honorarios del abogado del congresista.
2) Daniela Alejandra Peraza Oñate (Fonseca, La Guajira).
Fue Asistente III entre el 6 de marzo y el 31 de mayo de 2023. Registra un único ingreso al Congreso, el día de su vinculación. Su afiliación en salud y lugar de votación la ubican en Fonseca.
La demanda señala que es hermana de Elaine Alejandra Peraza Oñate, quien en 2022 demandó la elección de Archila ante el Consejo de Estado, proceso en el que el propio Ibáñez actuó como abogado defensor del hoy congresista.
3) Patrón descrito por el demandante.
El documento afirma que Archila certificó funciones a integrantes de su UTL ubicados “geográficamente distantes” de Bogotá y Casanare, sin justificación funcional, lo que configuraría una “simulación” y una desviación de recursos públicos.
¿Qué hay en el paquete probatorio?
Entre los anexos se incluyen:
- Poderes judiciales otorgados a Hollman Ibáñez Parra.
- Constancias de ingreso a las instalaciones del Congreso, en las que varios funcionarios registran un solo día de asistencia.
- Certificaciones laborales y afiliaciones en salud que evidencian residencia fuera de Bogotá y Casanare.
- Derechos de petición y respuestas oficiales sobre la residencia, funciones y pagos de los miembros de la UTL.
- Y una solicitud de nuevas pruebas sobre la relación contractual congresista–abogado y el origen de los honorarios.
El expediente también pide oficiar a la Registraduría y a la comunidad política de Casanare para dejar constancia pública de los antecedentes del caso.
Lo que dice Archila
En un comunicado, el representante Hugo Archila calificó la acción como un “ataque político” y una “persecución”, asegurando que denuncias previas han sido desestimadas.
Destacó su trabajo legislativo, mencionando “19 leyes sancionadas” y “más de 54 proyectos” en curso, pero no respondió de fondo sobre la trazabilidad de los pagos de honorarios ni sobre las funciones o ubicación de los miembros de su UTL señalados en la demanda.
Por qué importa
Si el Consejo de Estado concluye que hubo destinación indebida de dineros públicos a través de la nómina de la UTL para sufragar los honorarios de su abogado particular, la sanción sería la pérdida de investidura, es decir, la muerte política del congresista.
La demanda pide expresamente aplicar esta sanción a Hugo Archila por vulnerar el principio de moralidad administrativa y usar recursos públicos para fines privados.
