El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad de la elección de Wilmer Alonso Vega como secretario general de la Asamblea Departamental para la vigencia 2025. El fallo pone en entredicho la transparencia del proceso y deja al descubierto las grietas en el actuar de los diputados, quienes en la práctica desconocieron principios básicos de imparcialidad y legalidad.
El origen del lío: una votación viciada
Todo comenzó el 28 de noviembre de 2024, en la sesión No. 82 de la corporación. Durante la elección, la diputada Marisela Duarte Rodríguez fue recusada por un colega debido a un posible conflicto de intereses. Sin embargo, en abierta contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-337 de 2006), ella misma votó en su propia recusación, generando un empate que permitió que continuara en la elección. Su participación posterior fue decisiva: inclinó la balanza para excluir a un diputado opositor (Heyder Silva) y mantener a otro de su bloque político (Juan Mancipe). Con esa mayoría ajustada, Vega alcanzó los cinco votos que le dieron el cargo, frente a los cuatro de su contrincante.
El fallo: irregularidades que minan la confianza pública
El Tribunal fue categórico: la actuación de la diputada vulneró los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad administrativa, contaminando todo el proceso. En consecuencia, la elección quedó anulada. Además, ordenó remitir copias del expediente a la Procuraduría Regional, para que investigue si los diputados incurrieron en faltas disciplinarias al priorizar intereses particulares sobre el bienestar general.
Los argumentos de defensa: vacíos normativos y “desconocimiento jurídico”
La Asamblea y el propio Vega intentaron justificar la actuación alegando que el reglamento interno no contemplaba un procedimiento claro para las recusaciones, lo que los llevó a aplicar la Ley 5 de 1992 “por analogía”. También insistieron en que el voto secreto impedía probar si la participación de Duarte fue realmente determinante. El Tribunal desestimó estas excusas: los principios de imparcialidad y transparencia son superiores a cualquier vacío procedimental.
¿Qué viene ahora? Recursos y escenarios posibles
La decisión es de primera instancia, lo que significa que los implicados podrán apelar ante el Consejo de Estado. Mientras tanto, la Asamblea queda en un limbo administrativo: sin secretario general legítimamente electo, deberá convocar a un nuevo proceso, esta vez ajustado a la ley. La Procuraduría, por su parte, tendrá que determinar si las actuaciones de los diputados constituyen faltas disciplinarias graves.
Más allá del caso: un síntoma de las fracturas institucionales
Este episodio no es un simple trámite burocrático. Revela cómo la cultura política local se mueve en la frontera difusa entre la legalidad formal y la conveniencia de los bloques en el poder. Que un diputado vote su propia recusación —y que la corporación lo permita pese a tener asesores jurídicos contratados— habla menos de ignorancia y más de una normalización de prácticas que erosionan la legitimidad institucional.
El fallo del Tribunal recuerda que la democracia no se juega solo en las urnas, sino también en la forma en que se tramitan los procesos internos de las corporaciones públicas. Casanare, una vez más, queda ante el espejo de sus contradicciones: ¿garantía de derechos colectivos o escenario de maniobras políticas?
