La Contraloría General de la República encendió las alarmas: encontró un hallazgo fiscal y disciplinario por $6.332 millones, es decir, el 90 % del valor del contrato. Firmado entre la Alcaldía de Yopal y la empresa estatal Catasig S.A.S. EICE para la actualización catastral podría convertirse en uno de los mayores desfalcos recientes de la capital casanareña.
Anticipos sin sustento y pagos sin causa
El informe reveló que Catasig recibió de entrada el 70 % del contrato (más de $4.900 millones), y luego un pago parcial del 20 % adicional ($1.400 millones), sin soportes técnicos ni evidencia de avances reales. En otras palabras: se giró casi todo el dinero sin demostrar que los productos contratados existieran.
Fallas técnicas y 12.000 predios reprocesados
La Contraloría no solo cuestiona el manejo financiero, sino también la ejecución técnica:
- 24 % de los predios (12.000 de 50.000) tuvieron que ser reprocesados por errores metodológicos graves.
- No se entregaron productos básicos como zonas homogéneas, ficha geodésica, estudios de suelos ni bases de datos depuradas.
- El proyecto debía fortalecer la planeación territorial, pero terminó generando incertidumbre tributaria y avalúos que en algunos casos aumentaron hasta un 1.100 %, sin gradualidad.
Alcaldía sin control, Catasig sin resultados
El municipio, como contratante, tenía la obligación de vigilar. No lo hizo. Según la Contraloría, la supervisión fue ineficaz, ineficiente y antieconómica. A mayo de 2025, en la plataforma oficial Gesproy, solo aparece cumplida la fase de lineamientos técnicos, y ni siquiera esos documentos fueron entregados al auditor. Las demás fases brillan por su ausencia.
El impacto ciudadano: un predial impagable
Mientras se movían miles de millones sin control, los contribuyentes de Yopal cargaron con el costo:
- Familias humildes recibieron cobros impagables en el impuesto predial 2025.
- Sectores privilegiados terminaron pagando menos.
- El catastro, que debía ser multipropósito y confiable, hoy es sinónimo de desigualdad y desconfianza.
Lo que está en juego
- Más de $6.300 millones de recursos públicos en riesgo.
- Mayor desigualdad tributaria en Yopal.
- Pérdida de confianza institucional y un golpe a la transparencia.
- Planeación territorial paralizada por falta de un catastro confiable.
La pregunta incómoda: ¿quién responde?
La Contraloría ya hizo su parte. Ahora la discusión queda abierta:
- ¿Debe responder la Alcaldía, que puso más de $7.000 millones sin exigir resultados?
- ¿O Catasig, que ejecutó sin entregar lo pactado?
- ¿O ambos, en un convenio que hoy huele a desfalco?
La decisión de fondo corresponderá a los organismos de control, pero la ciudadanía ya paga las consecuencias en cada recibo de impuesto predial.
